Mientras la clase política ensalza o denigra las encuestas sobre intención de voto según les sean favorables o no, los expertos y profesionales que se dedican a su elaboración defienden la coherencia en su elaboración y método y su representatividad con respecto a la de la sociedad a la que sus datos se extrapolan.
El profesor de Estadística de la Universidad de Córdoba José María Caridad explicó que las encuestas sobre política e intención de voto tienen un carácter que favorece a su representatividad y reduce el margen de error. «El encuestado, es decir, el votante, tiene mucha información previa sobre los partidos y candidatos, con lo que se puede afinar bastante», afirmó, para después contraponerlo a otros ejemplos: «No es como cuando se hace un estudio de mercado sobre un producto desconocido», recordó.
Aún así hay determinados rasgos que hacen especiales estas elecciones en Córdoba, como la presencia de Rafael Gómez. «No hay datos anteriores, la gente no conoce tanto su partido y además muchos lo identifican más con su apodo de “Sandokán” que con su nombre», afirmó el profesor, que cree que con el PSOE también podría darse la ocultación de voto.
Sara Pasadas, coordinadora de la unidad técnica de estudios aplicados del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) explica que una muestra suficiente para una encuesta debe estar en torno a las 400 personas. «Lo ideal es hacerlas en persona, pero para más rapidez se hace por teléfono, aunque la primera da mejores resultados», explicó. La selección es siempre aleatoria, bien generando números de teléfono o usando la guía telefónica.
La muestra después se selecciona teniendo en cuenta que haya cierta proporción entre los dos sextos, los grupos de edad y distintas variables. Las 400 encuestas, apuntó Sara Pasadas, son suficientes para tener un margen de error de un cinco por ciento por arriba o por debajo. La forma de afrontar la encuesta también varía en función de quién la haga: el IESA piensa que por teléfono no hay que pasar de los 15 o 20 minutos.
Sabiendo que su metodología es científica, y el profesor de la Universidad así lo corrobora, queda por saber si los datos se «cocinan» como afirman algunos políticos despectivamente. Sara Pasadas explica que la denominada «cocina» es un proceso estadístico «por el que se imputan valores a los que han dicho lo que no van a votar, teniendo en cuenta la información que han dado antes». No es, como se piensa, una adulteración de los datos con intención política.
Con esta visión de la «cocina» como un método para deducir la intención de voto coincide, ya en el sector privado, Ricardo Castilla, consejero delegado de la empresa Global 3E, que trabaja en este tipo de estudios desde hace veinte años, que recuerda que si se hacen estudios de intención de voto cada cuatro meses, con unos 400 encuestados, en un año se pueden tener unos resultados muy aproximados de «lo que va a ocurrir en unas elecciones».
Entre los obstáculos está la poca disposición que los españoles tienen a participar en las encuestas. «En Estados Unidos hay otra cultura y se hacen mucho más estudios con mejor disposición», afirmó.
