La última reforma del mercado del vino fijó para el año 2016 la liberalización de los derechos de plantación de viñas. Con este modelo y con las ayudas al arranque de viñedo se previó una regulación entre oferta y demanda, lo que debería haber conllevado un saneamiento del sector.
La realidad es que se ha producido arranque, el consumo se ha estabilizado o se ha reducido en función del tipo de vino, y el precio de la uva, muy lejos de recuperarse, se ha desplomado.
En esta situación los productores europeos temen la liberalización de los derechos de plantación a partir de 2016. Nueve países han remitido una carta al Comisario Ciolos para que reconsidere su posición.
La liberalización de los derechos de plantación supondrá, con mucha probabilidad, un aumento de las producciones, lo que en la situación actual podría acabar definitivamente con muchas pequeñas explotaciones. La nueva posibilidad de mover las zonas productoras e inyectar capital que apoye las grandes explotaciones supondría un importante riesgo para la calidad del producto y para el valor medioambiental de muchos viñedos.
Queda la duda de por qué el gobierno español no ha firmado la carta arriba mencionada. La ministra de la materia, Rosa Aguilar, se ha visto en la obligación de reafirmar que España está en contra de la liberalización de los derechos de plantación. Si se pretende apoyar una potencial mayoría de bloqueo, deberían darse prisa para adherirse a ese escrito, en el que los otros grandes productores como Italia y Francia ya figuran.
¿Es el sector agrario un mercado sujeto a las reglas de la libre competencia?, ¿Por qué se debería liberalizar la siembra de viñedos? Sería poner a un sector estratégico al pie de los caballos, sin aparentes motivos medioambientales o de mercado, solo el cumplimiento de una norma desactualizada lo justifica.
