Más de 4.800 funcionarios de la Junta de toda la comunidad han dado su apoyo económico a la recién creada Asociación Al-Andalus de los empleados públicos andaluces en Córdoba para que el bufete de abogados de Mariano Aguayo presentara en las tres salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta 13 recursos contra el «decretazo» para la reordenación de la función pública.
En concreto, según informó ayer el portavoz de la nueva asociación, Rafael Delgado, se han presentado ya siete recursos contra cada uno de los decretos por los que se aprueban los estatutos de las agencias públicas creadas y otros seis recursos contra los protocolos de integración de los trabajadores de esas agencias en la función pública aprobados por resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública.
Se trata de una «primera oleada» de recursos contencioso-administrativos, «que aluden a un procedimientos de derechos fundamentales» y cuyo fin es suspender de forma cautelar todo el proceso del «enchufazo», así como dejar sin efecto los decretos de creación de las agencias y los protocolos de integración.
Posteriormente, «cuando los abogados lo crean conveniente en un plazo hasta el próximo 29 de junio», se producirá una segunda oleada de recursos por el procedimiento ordinario (ocho contra los decretos y los mismos seis contra los protocolos) en los que Al-Andalus tiene puestas todas sus esperanzas.
Ocho agencias
En esta ocasión serían ocho por los decretos, ya que se añadiría la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol a las otras siete agencias (la del Conocimiento, el Servicio Andaluz de Empleo, Instituciones Culturales, Medio Ambiente y Agua, Obra Pública, Servicios Sociales y Dependencia y Gestión Agraria y Pesquera), que, por el momento, carece de protocolo.
El coordinador de la Asociación, Antonio García, recordó que seis de esas agencias se crearon a costa de suprimir organismos autónomos y que su naturaleza, al regirse por el derecho privado, «es la misma que el IFA, que ha gestionado los famosos ERE»
Los abogados del bufete cordobés avanzaron ayer que las posibilidades de que estos recursos salgan adelante «queda en manos de los tribunales, pero esta es la única manera de conseguir el éxito, ya que por nuestra experiencia, la única batalla que se pierde es la que no se libra y los tribunales son los únicos capacitados a día de hoy para parar esta maniobra».
De esta forma, ya se han iniciado procesos por una doble vía: la cordobesa, a través de Mariano Aguayo, y la sevillana, a través del bufete de Clavero, que son diferentes, pero que van a servir por igual para todo el funcionariado de la Junta. No obstante, el portavoz de Al-Andalus, José María Herrera, reconoció que los 4.804 que se han unido «a nosotros hace que nuestra opción agrupe a la mayoría», frente a los 2.800 que han optado por la Asociación Defiendo Mis derechos, e incluso «ya se está viendo que la organización y la estructura de este importante movimiento social andaluz se está gestando desde Córdoba».
Herrera abundó en que «esto le tiene que hacer ver a la cortijera Mar Moreno (consejera de Presidencia) que nuestra lucha no es de cinco o seis, sino de más de 7.600 funcionarios y cada día va en aumento». Así, el tesorero de la asociación, Ildefonso Jiménez, añadió que el pasado día 14 la aportación para la minuta de los abogados llegaba a los 96.081 euros.
