El proceso de legalización de las parcelaciones de Córdoba tiene divididos a los propietarios de los terrenos. Por un lado, están los que apoyan el sistema de las juntas de compensación por ser un proceso más rápido y que se han conformado en una mancomunidad denominada Alamiriya, liderada por Antonio Avilés. Por otro, los hay que prefieren el sistema de las llamadas juntas de cooperación, quizá bastante más lento, pero también más barato, y que tiene el rostro de Francisco León, presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, que aúna a las parcelaciones de la ribera desde Alcolea hasta Villarrubia.
Y en medio de ambos, un Ayuntamiento que está a punto de cambiar por completo de signo tras las elecciones municipales y cuyas dos futuras fuerzas mayoritarias —PP y Unión Cordobesa— «me han dicho, a través de sus cabezas visibles, José Antonio Nieto y Rafael Gómez, y lo han dejado por escrito, que la única fórmula viable para buscar una solución a las parcelaciones es con la cooperación», comentó ayer a ABC Francisco León.
Principales diferencias
Las diferencias entre los dos sistemas, según León, se basan en razones económicas, de plazos de tiempo y, sobre todo, en las particularidades de cada zona. Así, en las juntas de compensación «lo primero que hacen, siguiendo la LOUA, es pedirnos un aval del 7 por ciento del proyecto de legalización de cada parcelación, y, como lo redactan técnicos que cobran por tanto por ciento, les interesa elaborar algo muy costoso para que su beneficio sea muy elevado». Eso, a la postre, implicará que «tendremos que hipotecar nuestras casas para dar ese dinero al consejo de la junta, que es el que administra el proceso, y que sospechamos que se han puesto de acuerdo con esos técnicos en beneficio propio», abundó.
Otro punto es que se obliga a dar al Consistorio un 10 por ciento del terreno para equipamientos y zonas verdes, cuando, por ejemplo, «en Alcolea, donde yo estoy, ya contamos con todo eso y nos nos hace falta».
Por contra, la junta de cooperación implica un análisis de la situación parcela por parcela, «viendo sus necesidades reales y adaptando la solución a esa problemática concreta».
Francisco León consideró, no obstante, que el proceso de legalización está todavía «en pañales» y que hace falta todavía que cada parcelación decida en asamblea general lo que quiere hacer, luego tendría lugar una reunión de representantes de cada zona para aunar criterios y, finalmente, contactar con la Gerencia para ver «la forma más viable de actuar».
