La Consejería de Educación trabaja en un decálogo de buenas prácticas docentes que clasificará al profesorado de la región en cuatro categorías en función de las competencias que demuestren en el desarrollo de su labor profesional. Esto queda recogido en el borrador «Estándares de la práctica profesional docente» de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, al que ha tenido acceso ABC.
En él se determina la creación de cuatro grupos de profesores: competente —el grado más bajo—, avanzado, experto y excelente —el más alto—. La inclusión en una de las cuatro categorías vendría determinada por una evaluación basada en un decálogo de 13 criterios que incluyen desde competencias de liderazgo a trabajo en equipo o gestión de recursos, entre otros.
«Los estándares del perfil competente describen las competencias propias de un profesional receptivo, los de avanzado describen las competencias propias de un perfil profesional activo; los estándares de nivel experto, las competencias propias de un perfil proactivo; y los de nivel excelente, las competencias de un perfil transformador», recoge el borrador.
Nueva polémica
La propuesta de Educación se enmarca en el programa de Esfuerzo Educativo de Andalucía (Esfuerza), que reúne 80 medidas para la mejora del sistema educativo y la asunción de los nuevos retos de la sociedad. Igualmente, recoge las recomendaciones de la Comisión Europea y las del informe de la OCDE «La cuestión del profesorado: atraer, capacitar y conservar a profesores eficientes».
Educación, a través del documento, justifica así la adopción de estas medidas: «Hay que fijar modelos claros y concisos de lo que se supone que tienen que saber y ser capaces de hacer los profesores, y esos perfiles deberían implantarse tanto en el sistema escolar como en el de educación de los profesores. El perfil de competencias del profesorado deberá diseñarse en función de los objetivos de aprendizaje que se tengan para los estudiantes y deberá proporcionar normas que sirvan para toda la profesión y una concepción común de lo que debe entenderse por docencia conseguida».
El borrador fue presentado ante los sindicatos en la mesa sectorial del pasado martes y ya cuenta con el rechazo mayoritario de los representantes de los docentes, que han expresado sus reparos ante los criterios de evaluación, que califican de subjetivos, y creen que la medida podría esconder futuros cambios en los salarios de los docentes ligados al grupo al que se pertenezca. En este sentido, CC.OO. cree que «la implicación del profesorado en su labor docente es una evidencia cuya constatación no necesita clasificación alguna».
Categorías en los centros
Los sindicatos también han criticado la intención de la Junta de clasificar los centros educativos conforme a los parámetros de calidad incluidos en el borrador «Estándares para la evaluación y certificación de la calidad en los centros educativos sostenidos con fondos públicos», presentado también esta semana, y que sigue un decálogo similar al de la clasificación del profesorado. Los representantes sindicales se oponen a esta medida por «suponer la creación de centros de primera y de segunda» y han vuelto a insistir en que las mejoras de calidad del sistema educativo pasan por un aumento de las plantillas docentes y de los recursos económicos de los centros.
La negativa de los sindicatos ya ha tenido una respuesta por parte de Educación. Según fuentes sindicales, ha retirado los borradores presentados el martes para abrir un proceso de diálogo del que emane una propuesta consensuada. Las mismas fuentes añadieron que Educación también ha explicado que la evaluación del profesorado tendría un carácter voluntario y de autodiagnóstico. No obstante, la Junta mantendría su intención de poner en marcha este sistema de control de la excelencia profesional docente.
