Cuatro meses. Ése es el tiempo de que dispone el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, si quiere desbloquear el Centro de Congresos de Miraflores, un proyecto clave para el sector turístico de la ciudad pero también muy relevante en el dossier de Córdoba 2016 que se evalúa en pocos días. ¿Por qué ese plazo? La cláusula novena del convenio que el Ayuntamiento suscribió el 17 de marzo pasado con la Consejería de Turismo y Comercio, por el que la Junta se comprometía a aportar hasta 18 millones de euros al proyecto, indica que «las obras deberán iniciarse por el Ayuntamiento en el plazo de siete meses desde la firma del presente convenio (...), debiendo comunicarse el inicio de las mismas a la Dirección General de Comercio».
En caso (muy poco probable ya) de que esas obras no hubieran empezado el 17 de octubre, Nieto está obligado a renegociar los plazos de ejecución del convenio con la Junta en un momento en el que la temperatura política en Andalucía puede estar por las nubes, si no es que el dilema de las elecciones anticipadas está en plena efervescencia. La condición además se refuerza con el plazo añadido de las obras: 36 meses. Esto es, antes del 30 de noviembre de 2014, el Centro de Congresos tendría que estar acabado, según la fecha a la que se comprometen el Ayuntamiento y la Junta en este convenio. Tampoco parece muy factible, por lo que la proximidad de 2016 echa más leña al fuego.
En esta disyuntiva, el tiempo apremia para el alcalde que ya ha lanzado tres mensajes en la misma dirección: cambiar el cuadro de financiación del proyecto (71 millones de euros con la dirección de obra de Rem Koolhaas) para aliviar la carga a la que IU y PSOE someten a las arcas municipales con un planteamiento que asciende a casi 35 millones de euros que pondría el Consistorio cordobés. El primer mensaje ha sido una carta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para sentarse a hablar de este proyecto. El alcalde popular quiere que la Junta aumente su dotación, pero ésta ya ha señalado incluso que los 18 millones serían un tope que aminoraría en función de nuevas aportaciones que fueran apareciendo. Que el PSOE esté por la labor hay que verlo. En el Pleno de toma de posesión de Nieto ya recibió dos claros dardos envenenados por parte de IU y el grupo socialista en cuanto a lo importante que resulta desbloquear este asunto para la ciudad. Desde ambos partidos se lleva tiempo trasladando la idea de que el PP no quiere el Centro de Congreos.
Diputación
La segunda señal de Nieto está en la Diputación de Córdoba. La mayúscula sorpresa de la mayoría absoluta del PP en el Palacio de la Merced ofrece, a priori, un balón de oxígeno a Nieto, que ya ha planteado la necesidad de que la institución provincial entre en el cuadro de financiación, una cuestión a estudiar con la nueva presidenta María Luisa Ceballos.
Ya en 2003, el socialista José Mellado anunció públicamente el compromiso de la Diputación de Córdoba para entrar junto con un pool de empresas privadas en la construcción-explotación del primer proyecto de Koolhaas y concurso de adjudicación, que luego quedarían descartados. Sin embargo, a día de hoy, el PSOE ya ha planteado su negativa rotunda, por contra, a que desde la institución provincial se aporte euro alguno a este proyecto. Con esta toma de posición no parece tampoco, a priori, muy posible que Griñán ceda y aumente los recursos.
La tercera clave dada por Nieto apunta a la propia iniciativa privada, cuyo encaje sí parece más complejo de lo que pudiera parecer. En principio, porque el modelo de construcción y financiación está tasado a un precio que determina, precisamente, que es la iniciativa pública la que tira del carro. La principal consecuencia, la rebaja del coste del Impuesto sobre el Valor Añadido, que asciende a 11 millones de euros. Si hay dinero privado, no habría rebaja y se encarecería más la construcción del recinto congresual. Otro plano es el de la gestión, donde con el marchamo público sí podría tener cabida la iniciativa privada aliviando también un mantenimiento y gasto de funcionamiento anual que sería deficitario en los primeros quince años de vida.
En este sentido, el guante ha sido recogido estos días por dos de los máximos representantes de los colectivos empresariales de la provincia. Por un lado, Luis Carreto, presidente de la CECO, ha apremiado al Ayuntamiento a resolver el futuro de un proyecto que lleva más de una década de infructuosa vida con cerca de 10 millones de euros tirados por la borda. Si bien ha tendido la mano al alcalde en el plano de la colaboración privado, se ha mostrado más receloso que el presidente de la Asociación de Grandes Fabricantes de Córdoba (Asfaco), Miguel Ángel Tamarit, quien se ha comprometido a sondear a las firmas de su patronal por si alguna estuviese dispuesta a entrar en el planteamiento hecho por Nieto.
Auditorías
Pero este tridente de oportunidades en el que se apoya Nieto para ser consecuente con sus planteamientos de precampaña y campaña electoral —han criticado el modelo de IU en base a los informes contables municipales que apuntan riesgos en la economía municipal— pivota sobre una base más determinante: la auditoría que la Intervención Municipal está realizando ya sobre la situación real que ofrece el Ayuntamiento y que será contrastada con otra externa. El mismo modelo que se va a implantar en la Diputación. De partida, hasta que no se cuente con la foto real de la situación de las arcas en cada Administración cabría pensar que no será posible cerrar cualquier otra maniobra para aminorar los 35 millones iniciales que tiene que poner el Ayuntamiento. Estas auditorías tardarán al menos un par de meses, con lo que la negociación con Griñán se torna aún más fundamental para despejar la pelota al menos un tiempo.
A finales de febrero pasado, José Antonio Nieto anunció su compromiso de construir el Centro de Congresos «desde el sentido común» con una «inversión asumible» por el Ayuntamiento, para lo que pedía más dotación de Junta y Gobierno (podría referirse al Ministerio de Cultura). Advertía entonces la necesidad de someter al proyecto a una «doble auditoría para cifrar, por un lado, el coste total de la obra y, de otro, el gasto de gestión». «No iniciaré su construcción hasta no tener asegurada íntegramente su financiación y control sobre los costes de ejecución de la obra y de futura explotación», comentaba entonces.
IU y PSOE han legado un proyecto pendiente aún de flecos en las ayudas del Gobierno, sin aprobar la adaptación del cronograma de financiación al de ejecución y pendiente de la encomienda a la Gerencia de Urbanismo para su licitación. Los principales temores contables están en que el Ayuntamiento apenas podrá gastar inversión en años venideros que no sea este proyecto, afectando también al gasto corriente.
