Los parcelistas de Córdoba afectados por las crecidas del río tienen sus expectativas puestas en la intención del alcalde, José Antonio Nieto, de resolver su situación de irregularidad mediante la aplicación del sistema de cooperación (por el que el Consistorio adelantaría la urbanización), ya que, según el portavoz de la Plataforma de Afectados por el Guadalquivir, Francisco León, «así nos lo hizo saber antes de las elecciones y así lo ha vuelto a señalar tras su investidura».
Una situación que ahora se une al nuevo decreto que está elaborando la Consejería de Obra Públicas y que recientemente presentó al consejo de Gobierno de la Junta su responsable, Josefina Cruz Villalón. En palabras de León, «desde la Plataforma, donde todos somos parcelistas, lo vemos de forma muy positiva y bastante viable, puesto que nos abre la vía para la legalización o el reconocimiento de nuestras viviendas a fin de que tengan servicios, como la luz, el agua y el alcantarillado».
Por lo poco que ha trascendido del texto, el citado decreto preve la distinción de tres tipos de parcelaciones, en función a sus circunstancias físicas y jurídicas: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de hábitat rural diseminados.
El caso de estos parcelistas junto al río Guadalquivir podría encontrarse entre los del segundo grupo, es decir, las parcelaciones urbanísticas con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos, mientras que, por ejemplo, algunas de las parcelaciones de la Sierra estarían incluidas en el tercero, puesto que se trataría de edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural, que también requieren de dotaciones y servicios.
«Tal y como nosotros lo vemos, se trataría de un avance a nuestro favor, porque hasta ahora la legalización que se nos permite es la que determina la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), pero ahora van a cambiar el sistema de forma que van a agilizar la situación de las parcelas que sean urbanizables para que puedan contar con sus servicios», aunque sea en régimen de autoabastecimiento, abundó el portavoz del colectivo parcelista que aúna a cordobeses, sevillanos y jienenses.
En este sentido, Francisco León consideró que la Junta tendrá que crear un plan especial para sacar eso adelante o bien aplicar modificaciones en los PGOU municipales».
El decreto, además, prevé que la Administración andaluza, en colaboración con los ayuntamientos de las ocho provincias andaluzas, elabore un inventario de las edificaciones que hay en suelo no urbanizable para su posterior inspección municipal según las circunstancias particulares de cada una.
«Lo que nosotros queremos, por lo tanto, es que el Consistorio cordobés nos diga cómo se va a llevar a cabo ese recuento y cómo va a quedar para que cuente con nosotros», abundó, para añadir que en Córdoba el fenómeno parcelista incluye a «unas 50.000 personas repartidas en algo más de cien núcleos de parcelaciones» tanto legales como ilegales o en proceso de legalización.
Por el momento, ya se han llevado a cabo ese tipo de inventarios en algunos puntos de Almería y de Málaga, donde se han llegado a identificar algo más de 25.500 edificaciones en terreno no urbanizable, de las que un 90 por ciento podrían verse afectadas por la aplicación de ese decreto todavía demasiado verde.
Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con el nuevo responsable de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Luis Martín, para recabar su opinión al respecto.
