Hasta el pasado 16 de junio de 2010, las 42 nóminas (27 en 2003) que cubrían los puestos de confianza en la Diputación Provincial de Córdoba suponían para las arcas provinciales un lastre económico de 1,35 millones de euros, con la Seguridad Social incluida. Un fenómeno que afectaba a los tres partidos con representación en esa Administración.
Ese mismo día, quizá ya demasiado tarde por haber transcurrido tres largos años bajo el signo de una profunda crisis, al Pleno provincial se le ocurrió la feliz idea de rebajar de forma mayoritaria esas cifras en un 7 por ciento, mientras que los funcionarios contemplaban, por su parte, un descenso de su sueldo en un 5 por ciento y los diputados, de entre el 6 y un 8 por ciento, como fue el caso del entonces presidente, Francisco Pulido, que hasta el final del pasado mandato pasó a cobrar 58.121 euros brutos.
Tal y como apuntó en su día este diario, entre los asesores —el más claro ejemplo de lo que supone el personal de libre designación— del presidente se encontraban cinco exalcaldes del PSOE cuyos sueldos oscilaban entre los 40.816 y los 54.435 euros anuales, si bien la corte personal de Pulido ascendía hasta la decena de contratados, de los que nueve habían pasado como ediles por algún ayuntamiento de la provincia.
El principal de ellos era José Luis Lechado, que fue regidor de Iznájar y que en 2007 contaba con unas retribuciones anuales de cerca de 55.000 euros, pero tras las municipales de ese año un decreto presidencial rescató a Florencio Ruz (exalcalde de Montalbán), Mercedes Fernández (Hornachuelos), Agustín Martín (Fuente Obejuna y expresidente de la Mancomunidad del Guadiato) y Enrique González Peralvo (Dos Torres y expresidente de la Mancomunidad de Los Pedroches). A ellos se les añadieron luego Francisco Palomares (exedil en Villafranca), Luis Enrique Sánchez, María José Yebras (Bujalance) y Javier Reyes (Posadas).
Y esto es lo que potenció la sensación de que la Institución provincial se había convertido en un «cementerio de elefantes» para el entonces partido mayoritario de la provincia. Una situación que la nueva presidenta, María Luisa Ceballos, quiere eliminar, aplicando un importante recorte en esta materia, que, a fecha de hoy, todavía no se ha cuantificado.
Prebendas políticas
«De cementerio de elefantes, a partir de ahora nada de nada», sentenció, en alusión a que «la Diputación, en muchos casos se ha usado para dar prebendas políticas a comarcas determinadas y los que ahora representan al PP en la institución son ejemplos de lo contrario: personas que en muchos casos les ha costado trabajo o les va costar trabajo dejar su puesto o profesión para entrar aquí a trabajar por todos».
Como dato curioso, en el próximo Pleno provincial se podrán ver a antiguos asesores ocupando plaza de diputados en sus respectivos asientos. Será el caso del socialista Gabriel González, exalcalde de Encinas Reales y que trabajó en la Diputación bajo las órdenes de Isabel Niñoles, o de la edil popular en Espejo Pilar Gracia.
