El empresario y líder de la oposición en el Ayuntamiento, Rafael Gómez, vuelve a ser actualidad por una decisión tomada por el Consejo de Reclamaciones Económico Administrativas (CREA) del Ayuntamiento de Córdoba. Este órgano ha tomado la decisión de atender sus reclamaciones y ha dictaminado rebajar sustancialmente las multas que le impuso la Gerencia de Urbanismo por valor de 14,9 millones por construir en la Carrera del Caballo sin que estuviera aprobado el plan parcial que le tenía que dar luz verde para acometer esa promoción.
Así, la sanción, originada por distintos expedientes, se ve rebajada a 5,9 millones. Con el posicionamiento del CREA finaliza la vía meramente administrativa. Al empresario y exitoso líder del partido Unión Cordobesa, creado por él, le cabe ahora acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Hay que recordar que fue la comisión municipal de investigación del urbanismo en la ciudad, que se desarrolló durante 2006, la que desveló que Arenal 2000, firma de Rafael Gómez, había edificado unos 400 chalés sin permiso en el segundo sector de la Carrera del Caballo. Se construyeron sin licencia de obra, ya que aún no se había culminado la regularización del planeamiento de la zona.
Sin prescripción
El PGOU preveía dos planes parciales en la Carrera del Caballo (CC-1 y CC-2). Sin embargo, y después de que Arenal 2000 concluyera el primero con unas 400 casas, en la ejecución del segundo se llegó al acuerdo de innovar el PGOU para que toda la VPO (un 25% de las viviendas) que por norma debe construirse —y que no hizo en el CC-1— se acumulara en el segundo sector. Al final, se optó por fundir en uno los dos planes parciales para sortear el incumplimiento de la VPO.
Precisamente, a favor del empresario de Cañero ha jugado que mientras se resolvían los expedientes sancionadores se aprobó el plan parcial de esa zona, lo que ha hecho que el CREA, siguiendo las directrices de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, le rebaje significativamente la multa. Eso sí, el Consejo de Reclamaciones desestimó las alegaciones del empresario en el sentido de que las sanciones habían prescrito.
