Hace un mes la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) aprobó una primera postura sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC). Esta posición fue la antesala del acuerdo ahora adoptado por el pleno del PE, que se ha manifestado de manera indiscutible como defensor de una Política Agraria Comunitaria (PAC) fuerte, alejada de una posible renacionalización. Plantea la prioridad medioambiental en su desarrollo, una PAC verde que incorpore presupuestos específicos para dicho fin, que deben ser asumidos en su totalidad por Bruselas, lo que la ubicaría dentro del primer pilar. Otro aspecto relevante de la propuesta parlamentaria es la figura del agricultor activo, sobre el que deben pivotar las ayudas europeas. Va a ser una figura ligada al uso de la tierra para producir, con la única limitación por el momento, de no implicar un incremento de la burocracia administrativa ni la necesidad de presupuestos adicionales. En las ayudas también apoyan su limitación mediante techos, pero con condicionantes más que razonables. Considera el PE que para fijar estos techos no se debe sólo analizar el valor absoluto de los montantes percibidos, sino también la superficie de la explotación o el empleo generado. Quizás falte otro factor, como es la productividad de la explotación; de esta manera se evita el riesgo de apoyar un enfoque demagógico que podría desincentivar la actividad de las empresas agrarias más eficientes.
Con este acuerdo, el siguiente hito llegará en noviembre, cuando la Comisión Europea presente su propuesta definitiva que deberá ser aprobada de forma conjunta por el Consejo de Ministros de Agricultura y el propio PE. Pero se olvida algo: ¿Cuál es el presupuesto de la PAC? Hablar de política sin presupuestos deja demasiadas dudas sobre la operatividad de los acuerdos.
