La controversia entre Consistorio y Gobierno por las ayudas especiales que el Ejecutivo central habilitó tras la riada de febrero de 2010 ha acabado en la Audiencia Nacional, ante la que el Ayuntamiento presentará un recurso. Así lo acordó ayer su Junta Local de Gobierno. Capitulares reclama a cargo de dichas ayudas 1,46 millones por la contratación urgente de empresas para actuar en las zonas afectadas por el desbordamiento del río (adecentamiento de áreas inundadas) y facilitar atención social.
El Ayuntamiento responde de esta manera a una reciente resolución de la Dirección de Protección Civil del Ministerio de Interior que rechaza el requerimiento municipal para anular la resolución de la Subdelegación del Gobierno de diciembre de 2010. En esta última, la Administración del Estado en Córdoba denegó por distintos motivos el pago de varias facturas que el Ayuntamiento le presentó como generadas para atender las actuaciones urgentes ante la riada.
Dicha resolución de la Subdelegación sostenía que se podía otorgar al Consistorio una subvención de 476.224 euros para el abono a FCC y Acsur de la retirada de lodos. Pero se denegaba el pago de una serie de facturas expedidas por servicios prestados al Ayuntamiento por Sadeco (empresa municipal de limpieza); Aucorsa (firma municipal de autobuses); Cruz Roja; o Grúas Pérez Domínguez. Esta última firma se vio envuelta en la polémica este mayo, cuando se conoció que la Subdelegación rechazó abonar tres facturas que el Consistorio presentó por trabajos de esta firma en la riada (746.983 euros). Alegó que la Intervención de la Delegación del Ministerio de Hacienda detectó que la documentación justificativa de Capitulares incluía fallos «graves». Entre las facturas cuyo pago reclama el Consistorio al Gobierno están las referidas a esta empresa.
Fuentes municipales —hay que tener en cuenta que el contencioso se originó con el anterior gobierno de IU y PSOE— dijeron que «se presenta recurso para que no se cumpla el plazo. Se formalizará o no en función de un análisis más profundo del expediente por la Asesoría Jurídica». Y es que, por ejemplo, en los polémicos trabajos de Grúas Pérez Domínguez la Asesoría Jurídica reconoce en la documentación que pasó ayer por Junta Local de Gobierno que le faltan informes del Ejecutivo central y que, una vez que los tenga, podría «desistir de la acción judicial planteada».
