CÓRDOBA
El Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso de casación presentado por Arenal 2000 contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2008 que anulaba la vigencia del plan especial Carretera de Palma, el instrumento urbanístico que daba cobertura a las naves de Colecor edificadas sin licencia en 2005 por Rafael Gómez, actual líder de la oposición en el Ayuntamiento. El Alto Tribunal, según ha podido saber ABC, considera que «no a lugar» a dicho recurso, que pretendía hacer valer la presunta legalidad de las naves en su totalidad bajo el paraguas del proyecto de actuación aprobado en su día, de forma independiente a que el plan especial fuera anulado por el TSJA —que no entraba a valorar con detalle la idoneidad de la construcción—.
La tesis esgrimida por la defensa de Rafael Gómez gira en torno a jurisprudencia que indica que la anulación de una disposición de carácter general (el primer plan especial aprobado en 2006 e invalidado el 31 de enero de 2008 por el TSJA) no implica que no tengan validez los actos desarrollados para la ejecución del mismo (el proyecto de actuación de la zona de Colecor que fue aprobado catorce días antes del auto del Alto Tribunal andaluz). Así como tampoco, los actos administrativos posteriores: licencias de obras y apertura que emanarían del mismo y que se empezaron a tramitar incluso por Urbanismo cuando estaba presidido por el exalcalde Andrés Ocaña cuando llegó el varapalo del TSJA.
La decisión del Supremo genera nuevamente un efecto dominó en este auténtico culebrón que ya dura la friolera de seis años. Un movimiento con muchas ramificaciones y que podría ser definitivo en cuanto al futuro de las instalaciones que el empresario y líder de Unión Cordobesa mantiene cerradas aunque con bastante mercancía en su interior y a su vez hipotecadas.
Lo que el Supremo viene a decirle a Rafael Gómez, según las fuentes consultadas por este periódico, es que ya no le vale el primer plan especial Carretera de Palma, traje urbanístico hecho casi a la medida de sus pretensiones. En caso de haber aceptado su recurso, las tornas hubieran cambiado y mucho, y Gómez podría haber sacado adelante sus naves de manera casi inmaculada. Sin demoler ningún metro cuadrado, tal y como planteaban los instrumentos urbanísticos de entonces auspiciados por IU.
La decisión del Alto Tribunal deja vía libre al derribo de parte de ese almacén de venta al por mayor, el argumento que se plantea en el segundo plan especial Carretera de Palma del Río, que está aprobado provisionalmente desde octubre de 2010 con los votos favorables de IU y PSOE y la abstención del PP (ahora en el gobierno local), pero con un informe técnico de la Delegación Provincial de Obras Públicas muy contundente y contrario a cuestiones básicas como la superficie legal (pide demoler hasta 20.000 metros cuadrados), los usos y su implantación en un suelo no urbanizable protegido de Vega.
Al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, le toca ahora retomar el polémico asunto. Su antecesor decidió parar la tramitación del plan especial para no generar inseguridad jurídica con dos planes vigentes y pensando que el Tribunal Supremo podría darle la razón a Gómez, con lo que este segundo plan especial ya no tendría validez. Por ello, Nieto debe retomar ahora un plan que ponía sobre la mesa la demolición de hasta 15.000 metros cuadrados de los 40.000 o más que tienen las naves, pero le daba a Arenal 2000 la calificación de uso de almacén de distribución al por mayor en suelo no urbanizable, y lo que es más importante, otra llave para regularizar las obras y a minorar, según algunos expertos en derecho urbanístico (otros no piensan así) en un alto porcentaje la famosa multa de 24,6 millones —aún en vía ejecutiva, recurrida ante el TSJA y con la nula disposición del empresario multado a pagarla—.
Estos parámetros fueron el resultado de las negociaciones que Gómez mantuvo con IU desde Urbanismo, la exalcaldesa Rosa Aguilar en la Consejería de Obras Públicas y Juan Pablo Durán. En este último caso, la apuesta por pasar página y dar salida al gran entuerto de Aguilar y sus compañeros generó una polémica interna en el PSOE que se agravó con el firme rechazo del delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García,a la cuestión en un informe que exigía más superficie a demoler y poniendo reparos a los usos permitidos. Ésa es ahora la disyuntiva que queda. Si Nieto tira para adelante con los parámetros de Urbanismo (15.000 metros cuadrados a tirar), se topará con la Junta y la duda de si ésta acudiría como ya hizo en 2006 a los tribunales para defender sus argumentos técnicos (20.000). O si, por el contrario, decide negociar con la Junta y hasta el empresario, metido ya en Capitulares y en Urbanismo.
