Será fuera de Andalucía donde Urende llevará a cabo gran parte de los cierres de tiendas incluidos en su plan de viabilidad. Fue la semana pasada cuando la empresa hizo pública su intención de echar la persiana en 16 de sus 22 establecimientos, así como despedir a unos 450 trabajadores de los algo más de 700 que tiene actualmente en plantilla. Pero fuentes sindicales informaron ayer de que la intención de la compañía perteneciente al grupo Sánchez Ramade es concentrar esos cierres más allá de las fronteras de la región.
Urende cuenta actualmente con nueve tiendas fuera de Andalucía. Concretamente, están ubicadas en Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Castilla y León. Faltan siete que, ineludiblemente, se corresponderán con otras tantas ubicadas dentro de la región andaluza, aunque aún están por perfilar. Los representantes de los empleados conocieron ayer algunos de los principales datos económicos que ha llevado a la firma a Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Fue durante la primera reunión entre empresa y sindicatos para negociar el plan de viabilidad de la compañía.
El secretario provincial de la Federación de Comercio, Turismo y Hostelería de UGT, Antonio Vacas, informó de que la firma puso encima de la mesa datos que demostraban la delicada situación por la que atraviesa. «Nos han dicho que las pérdidas son muy elevadas», aseveró. La deuda con las entidades financieras ronda los 180 millones de euros.
Respuesta sindical
Los sindicatos rechazan la propuesta de la dirección de Urende para la reducción de plantilla. Los responsables de la compañía aseguraron hace algunos días que era la única manera de «salvar la empresa». Vacas señaló que tanto su central como CC.OO. consideran que el número de tiendas como el de despidos es excesivamente elevado, por lo que presentarán una contrapropuesta con un menor número de establecimientos a cerrar y de salidas. «Creemos que esas cifras puede ser menores», afirmó.
De esta forma, mañana se reanudarán las conversaciones, cuya extensión en el tiempo no debería ser muy larga, en opinión de la compañía, debido a que actualmente se encuentran en preconcurso de acreedores y un acuerdo en materia laboral allanaría la negociación con proveedores y entidades financieras.
Hay varios aspectos a concretar desde mañana, además del número de afectados por el ERE. Vacas apuntó que «no estamos de acuerdo con las indemnizaciones de 20 días por año trabajado», por lo que solicitarán un aumento, aunque sin llegar a los 45 días. Otro apartado que los sindicatos quieren introducir en la negociación es la posibilidad de acudir a las prejubilaciones, como una vía para reducir el impacto traumático de la reducción de plantilla en Urende. En relación a los empleados que permanezcan en la empresa, las centrales reclamarán el mantenimiento de sus actuales condiciones laborales y una cierta seguridad en cuanto a su futuro.
Desde los sindicatos también se exigió a la compañía que haga efectivo el pago de la totalidad de los salarios del mes de junio, ya que, según Vacas, los trabajadores «sólo han cobrado 400 euros». Entre la plantilla existe el temor de que haya problemas para percibir los sueldos correspondientes al mes de julio. Los dirigentes sindicales apuntaron que el anuncio del ERE no ha pillado por sorpresa a los empleados, conscientes de las dificultades con los proveedores a la hora de la llegada de mercancía a las tiendas.
