Las naves de nunca acabar

CÓRDOBA

El laberinto de las naves de Colecor no conoce límites. El reciente fallo del Tribunal Supremo, adelantado por ABC, que aniquilaba por completo las opciones del primer plan especial Carretera de Palma del Río, que daba cobertura legal al almacén ilegal de más de cuatro hectáreas, sitúa la patata caliente en la mesa del alcalde de Córdoba. Cierra una compuerta, pero abre un nuevo escenario con distintos caminos que, probablemente, y visto lo visto desde hace más de seis años y medio, apenas conduzcan a alguna parte.

En el gobierno municipal del PP son conscientes de que la pelota está en su tejado, lo que es un problema de envergadura. Primero, porque le obliga a posicionarse con claridad ante un asunto turbio del que siempre se ha alejado lo suficiente para no quemarse. De la abstención hay que pasar a la propuesta. Más si cabe, con la holgura de una mayoría absoluta donde acierte o falle lo hará solo. Las hemerotecas están para algo, y en ellas se pueden encontrar frases del hoy regidor José Antonio Nieto hace unos meses del siguiente tenor: «Defendemos que en Córdoba no se castigue la creación de empleo, pero nunca a costa de saltarse la ley». Esa ley es la que ahora le pide la Junta que cumpla con el segundo plan especial que falta por aprobarse definitivamente. Y con un telón de fondo de discrepancias entre ambas administraciones.

La reunión que solicitó por carta Nieto al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, recién investido alcalde, para abordar proyectos de la ciudad no incluía las naves de Colecor. Al conocer el fallo del Supremo, el edil ha introducido en la agenda las andanzas del líder de la oposición.

Es aquí donde empiezan a abrirse nuevos senderos de final impredecible. Nieto ha pedido negociar con la Junta para evitar que el tema vuelva a los tribunales y los dolores de cabeza cedan. La consejera del ramo, Josefina Cruz, señaló ayer que no hay nada que negociar, aunque lo pida el mismísimo Gómez que quiere desprenderse como sea de su gran bazar. La Junta, en el nuevo escenario de alcaldes del PP, y con unas elecciones a la vista no es previsible que facilite las cosas. Si con Rosa Aguilar en Obras Públicas era casi seguro que el camino a los tribunales nunca llegaría, como ocurrió en 2006 con el primer plan especial que cinco años después ha tumbado el Supremo; con el PP en el Ayuntamiento de Córdoba, nada puede descartarse. A no ser que en las próximas elecciones autonómicas Javier Arenas logre la mayoría absoluta y el dique se rompa, lo que a Nieto le facilitaría dar carpetazo al asunto. Es por ello que la aprobación definitiva del segundo plan —paso necesario para recurrirlo— se pueda acompasar a la convocatoria electoral.

Tampoco hay que olvidar que el citado segundo plan especial puede acabar en los tribunales por medio de los otros propietarios de esa zona de la ciudad, grandes damnificados en los derechos urbanísticos habilitados en favor de Gómez (edificabilidad, usos, etcétera...). Es más que probable que algún vecino del líder de UCOR enfile los juzgados —ya ocurrió con el primer plan especial— al sentirse seriamente perjudicado con lo que plantea el documento vigente, que siempre ha parecido un traje a medida de uno de los propietarios —no el mayoritario siquiera— de la vasta extensión que se ordena (155 hectáreas de las que apenas 10 son de la antigua lechera) .

Empresario sin euros

Pero el sendero más controvertido lo representa el mismo Sandokán. Si se aprobara indemne el actual plan especial, el empresario deberá presentar un proyecto de actuación específico del ámbito de Colecor para legalizar por completo las naves (con más o menos superficie y un uso determinado) y decidir qué se puede hacer allí, puesto que el plan no debería entrar en esos detalles al respecto. El proyecto de actuación es un instrumento de planeamiento urbanístico que se usa de modo excepcional para un uso lucrativo sobre un suelo no urbanizable y por un tiempo limitado (unos 75 años). Ello ha de justificarse con un interés social y público: el impacto de la inversión en la ciudad.

Cuando Rafael Gómez presentó el primer proyecto de actuación hacia 2005, que también ha sido tumbado por los tribunales en una sentencia de 2009 que entre otras cosas le impedía fijar allí usos comerciales, de almacenazgo o venta al mayor, justificó esa idoneidad social y económica con cifras mareantes. Mezquita Inversiones y Arenal 2000, las dos sociedades con las que ha jugado en la tramitación, crearían, tras una inversión de 10,3 millones de la obra en sí —no cuenta el coste de la mercancía—, doscientos puestos de trabajo directos y dos mil indirectos. Sólo la facturación prevista el segundo ejercicio alcanzaba los 70 millones.

Desde hace meses, Gómez «alardea» de su nula disposición de fondos. «No tengo ni un euro», ha llegado a decir. Cabe preguntarse pues qué justificación va a poder dar a la implantación en esa zona de semejante almacén respecto a inversión y empleo o actividad un empresario que dice estar arruinado.