Las parcelas del río piden entrar en la regularización del PP

Los vecinos de las parcelas de la capital afectados por las inundaciones del Guadalquivir durante el pasado invierno han contemplado con muy buenos ojos la iniciativa municipal de poner en marcha en septiembre una Oficina Municipal del Suelo no Urbanizable desde la que iniciar su proceso de legalización con el acceso a servicios de luz y agua, aunque han matizado que esta iniciativa también les debe de beneficiar a ellos y no sólo a las de «secano».

De hecho, Francisco León, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Riadas del Guadalquivir —colectivo al que no sólo pertenecen los parcelistas ribereños, sino también algunos de la Sierra y numerosos más de otras localidades andaluzas—, desveló que en Mijas (Málaga) «ya existe esa misma oficina, que tiene un carácter independiente del Ayuntamiento, y en el que hay un arquitecto, un aparejador, un abogado y un administrativo para tratar uno por uno el caso de cada parcelista».

Igual que en Mijas

En este sentido, León consideró que en el caso cordobés tendría que funcionar de igual manera y que para ello, en lugar de una única ventanilla se ubicaran oficinas (o sucursales con el mismo personal) en cada uno de los centros cívicos a los que se adscriben las zonas afectadas.

«Ya que por fin hay alguien que ha querido coger el toro por los cuernos, que lo haga de la manera más operativa posible y una única oficina en la ciudad deja a desmano a la totalidad de los parcelistas», señaló. Por ello, también planteó como solución la posibilidad de que se instalaran sendas oficinas en el Higuerón y en Alcolea, «que cubrirían a la mayoría de las parcelaciones afectadas por el río».

Una cuestión que el portavoz del colectivo planteará al alcalde, José Antonio Nieto, «en una próxima reunión que ya está concertada», al igual que el hecho de que «se vincule la urbanización y la legalización a las zonas inundadas por las últimas riadas, porque eso nos resolvería en gran medida nuestros problemas para defendernos contra las riadas».

En ese mismo sentido se manifestó el presidente de la Asociación de Vecinos de La Altea, Julio Cortés, quien alabó la disposición del Ayuntamiento para resolver de una vez por todas este problema, si bien mostró sus dudas acerca de las intenciones de la Junta a la hora de redactar el decreto de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), en el que «según los rumores que me han llegado quieren dejar de lado las zonas inundables e insisten en pensar que nosotros lo somos cuando eso no es cierto».

Cortés recordó que en el acta fundacional de La Altea, de 3 de marzo de 1996, el Ayuntamiento permitía a Proisegova SL, de Miguel Barea y Amparo Agúndez, a «parcelar y dar servicio de luz, agua y alcantarillado, habida cuenta que las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) señalaban a las claras que no éramos ni somos inundables».

Por la negativa de algunos vecinos entonces a pagar la urbanización (a razón de 1.500 pesetas —algo más de 9 euros— por metro cuadrado), ni se legalizó ni se instaló el servicio de agua, «pero contamos con servicio postal y luz y todos los papeles en regla», añadió.

En cualquier caso, Cortés recordó, por ejemplo, que «prácticamente toda Sevilla es zona inundable y el decreto podría hacer de esa ciudad una ilegalidad global».