Los problemas de Rafael Gómez con la Hacienda Municipal no sólo se centran en las cuantiosas deudas que su empresa, Arenal 2000, aún mantiene con el Ayuntamiento, sino que también le afectan desde el punto de vista personal, ya que tres días antes de que el líder de UCOR fuese investido concejal en el Consistorio cordobés debía la cantidad de 112.019,12 euros en concepto de tributos.
Así lo señala el informe del órgano de Gestión Tributaria, al que ha tenido acceso ABC y que ayer desvelaba que el Consistorio puede subastar antes de final de año otras 17 propiedades de Arenal 2000 para saldar sus deudas. En este caso, la Hacienda Municipal no se fija en Gómez como empresario, sino como contribuyente y señala que, «como persona física tiene abierto un expediente de apremio—con fecha enero de 2010— cuyo importe de deuda principal asciende a 85.056,67 euros y el total de la deuda tributaria es de 112.019,12 euros».
Responsabilidades
Este informe está fechado el pasado día 8 de junio, lo que implica que tres días antes de ser investido, el concejal electo Rafael Gómez era moroso del mismo Ayuntamiento en el que iba a desempeñar su tarea municipal como líder de la oposición. Un hecho cuanto menos cuestionable teniendo en cuenta que el desempeño de la labor pública implica también servir de ejemplo a la ciudadanía.
En este sentido, el portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, señaló que «si todavía no se ha hecho efectiva, el Ayuntamiento tiene que ponerse manos a la obra y, como se haría con cualquier ciudadano, retener todos los ingresos que obtiene Gómez por su labor como concejal para, de esta forma, garantizar el cobro». Gómez no cobra un sueldo del Consistorio, pero sí percibe ingresos por dietas y asistencia a plenos.
Al hilo de la información publicada ayer por ABC sobre las 17 fincas más de Gómez que pueden salir a subasta, Tejada recalcó que «el actual gobierno municipal se ha encontrado el trabajo hecho y lo que tiene que hacer es ejecutar esos embargos. Este hecho deja bien claro que durante el anterior mandato sí se trabajó para lograr el pago de las deudas de Arenal 2000. Espero que ahora se ejecuten con independencia de los apoyos de UCOR en el Pleno». ABC trató de nuevo sin éxito de obtener una opinión de este tema por parte del gobierno municipal.
El informe de la Hacienda Municipal se fija en la situación de Rafael Gómez como contribuyente ante la posibilidad, también contemplada en este documento, de que el ahora concejal pudiera responder con su patrimonio personal como administrador de la empresa deudora Arenal 2000.
Hipotecas voluntarias
En este sentido hay que destacar que, aparte del expediente por la multa de las naves, la empresa de Gómez suma otros cinco por deudas tributarias. El valor conjunto de estas sanciones supera los siete millones y, en algunos casos, podría actuarse de manera inminente.
Tal es el caso de una deuda por el pago del IBI de Arenal 2000. Según el informe de Hacienda, se acepta un aplazamiento de pago y se acepta como garantía una hipoteca voluntaria sobre un inmueble localizado en el barrio de Cañero. Esta garantía expiraba el pasado 30 de junio y a ella se incorporan los recibos del IBI de 2011 llegando a un total de 217.434 euros.
Según las fuentes consultadas, la figura de la hipoteca voluntaria se refiere a una garantía de pago que se establece con un bien inmueble que no está en propiedad exclusiva del deudor. Éste es el procedimiento que emplea Arenal 2000 para lograr aplazamientos de sus deudas en casos como el del local de la calle San Pablo que saldrá a subasta el 29 de septiembre y que forma parte del grupo de propiedades que avalan el pago de 2,9 millones.
Según consta en el informe al que ha tenido acceso ABC, el local no es propiedad de Arenal 2000, sino de otra empresa del grupo, Testenia, que autoriza esta hipoteca para lograr un aplazamiento de la deuda hasta octubre de 2010. Una vez que vence esta garantía, «el deudor informó de que posiblemente hubiera un comprador directo de este local por lo que podría interesar esta operación—para el cobro directo de la deuda—. Habiendo esperado sin que haya noticias de la posible venta se continúa con el trámite de la subasta». Lo mismo ocurre con otra finca en la carretera de Trassierra que no puede ser ejecutable hasta el 19 de junio de 2012 y que también avala estos 2,9 millones.
