Sigue sin haber acercamiento ni acuerdo entre las partes en la negociación por el conflicto laboral de KME Locsa en Córdoba. Así, una vez resuelto el problema sobre si el presidente del comité de empresa, Francisco Pozuelo, seguía teniendo o no el respaldo de los trabajadores para continuar siendo su portavoz oficial y formal, la parte social volvió a desplazarse ayer por la mañana hasta Sevilla para mantener un encuentro con el director general del grupo en España, Andrés Barallobre, con la idea de poder hablar de indemnizaciones, prejubilaciones y la fundición.
La reunión apenas si duró un par de horas y en ella se dieron a conocer las posturas irreconciliables entre ambas partes, hasta el punto de que, según informó Europa Press, Barallobre dio un plazo hasta mañana, miércoles, para que los sindicatos aceptaran la propuesta «definitiva» empresarial o no habría más mesas de negociación. Pero Pozuelo restó importancia a esta amenaza afirmando que «la multinacional sí que quiere que haya más encuentros, porque busca cerrar esto de forma ordenada, con lo que no será la última reunión como apuntaba Barallobre».
En cualquier caso, es verdad que las ofertas de uno y otro lado distan muy mucho de ser próximas la una a la otra. Por una parte, KME ha vuelto al plan social del pasado 28 de junio, fecha en la que la empresa hablaba de
«alcanzar un nivel indemnizatorio mínimo de casi 50 días por año y prejubilaciones desde los 52 años de edad, equivalente a una indemnización media de casi 60 días por año si se considera también a los trabajadores de menos de cuatro años de antigüedad, algunos de los cuales se llevarían hasta 270 días por año de indemnización».
Indemnizaciones a jóvenes
Además, los trabajadores jóvenes recibirán indemnizaciones de 10.000, 20.000 y 30.000 euros en función de los años en la empresa.
Curiosamente, Pozuelo «tradujo» la oferta empresarial a «45 días por año trabajado, 42 mensualidades y un montante lineal de 500 euros», mientras que las prejubilaciones, que se quedarían en esos 52 años, serían bajando el porcentaje del neto que se cobra del 85 al 80 por ciento, lo que, en palabras del presidente del comité de empresa, es una «auténtico castigo» para los que se quieren prejubilar. A cambio, la parte social insiste en «60 días por año sin límite más una anualidad para todos los que tengan que dejar la empresa» o bien, «si hubiera que cambiar algo, 45 días más 1.000 euros por año trabajado».
Barallobre calificó la propuesta de «irreal», ya que un empleado con una antigüedad de seis meses en la empresa y sueldo bruto anual de 16.000 euros tendría una indemnización de 26.000 euros o 471 días por año.
Respecto al proyecto de fundición, «que sigue sin estar nada claro», según Pozuelo, la empresa ha rechazado que se haga un listado consensuado de los trabajadores que se quedarían en el proyecto y «se ha limitado a meter a dos personas más por cada central sindical —CC.OO. y UGT—, con lo que está intentando fomentar la división entre nosotros».
Francisco Pozuelo avanzó que hoy mismo volverá a haber una asamblea en Córdoba en la que se decidirán qué actuaciones y de qué forma se continúa el proceso de negociación y que podría incluir movilizaciones, contando con el apoyo de la sociedad cordobesa, así como «seguir echando mano del pronunciamiento de los estamentos políticos contra este atropello hacia la ciudad y los trabajadores de Locsa», abundó.
Precisamente, ayer volvieron todos de sus vacaciones «forzosas» y, según indicaron fuentes de los propios trabajadores, «nos hemos limitado a limpiar, pero no a trabajar».
