Educación da la razón a la mayoría de los padres que denunciaron este curso a otras familias por falsear datos para que sus hijos obtuvieran plaza
Día 08/09/2011 - 09.28h
El fraude probado en la documentación aportada para el proceso de escolarización de este curso tendrá consecuencias más allá de la pérdida de la plaza inicialmente concedida. La delegada de Educación, Antonia Reyes, confirmó ayer a ABC que su departamento remitirá al Ministerio Fiscal los casos de engaño detectados, en cumplimiento de la normativa por la que se regula el procedimiento de admisión en centros públicos y concertados.
La Consejería ya barajó esta posibilidad en años anteriores como medida extrema para frenar el creciente fraude en la escolarización, aunque nunca la llevó a cabo. Sin embargo, este curso decidió incluirla en el articulado del nuevo decreto de admisión, aprobado el pasado febrero y que contempla la posibilidad de que la Administración acuda a la Justicia en caso de sospechas fundadas de irregularidades, al considerar que los solicitantes habrían incurrido en un delito al aportar información falsa en un documento público.
Reyes explicó que el proceder de la Delegación Provincial se limitará estrictamente a lo recogido en la citada norma, que en su artículo 50.6 establece con claridad: «La Administración educativa procederá a comunicar al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Instrucción competente los hechos a los que se hace referencia en el apartado 4 (acreditación de criterios que no se ajustan a las circunstancias reales del alumno) para que adopte las medidas oportunas en relación con las responsabilidades en las que la persona solicitante hubiera podido incurrir».
Así, según puntualizó la delegada, su departamento trasladará en los próximos días a la Fiscalía las averiguaciones recabadas como consecuencia de los recursos interpuestos. «Es nuestra norma y debemos de ser los primeros en cumplirla», añadió Reyes.
A la espera de que Educación presente los datos oficiales en la próxima comisión de escolarización, la Asociación de Familias por una Educación Justa confirmó ayer que la Junta ha dado la razón a la mayoría de las 30 familias que denunciaron la falsedad documental cometida por otros progenitores. Su presidenta, Lourdes Morales, no pudo precisar el número de demandantes que han visto prosperar sus recursos, pero sí apuntó que en casi todos los casos los alumnos tendrán plaza en el centro elegido por sus padres como primera opción. Según ha podido saber este periódico, las denuncias por supuesto fraude han motivado, de momento, la salida de nueve alumnos en un colegio y de cinco en otro, ambos concertados. En todos los casos, se probó que los demandados cometieron fraude al falsificar los datos de empadronamiento.
La Asociación de Familias por una Educación Justa mostró su conformidad con que los demandados, tras probarse la irregularidad, respondan ante la Fiscalía. «No pedimos consecuencias agresivas, pero creemos que es la única forma de parar el fraude y que las familias se lo piensen dos veces antes de incurrir en una falsedad», añadió Lourdes Morales, quien insistió en el duro proceso que han vivido los padres demandantes para hacer valer sus derechos.
Unos cien recursos
El proceso de escolarización del curso pasado se cerró con 99 recursos que afectaron a 30 centros de la provincia. Un número inferior a las 119 denuncias registradas en 2009. Del total de reclamaciones, 40 fueron presentadas contra terceros (denuncias de unos padres contra otros por fraude) y Educación estimó 31 de ellas, dando la razón a las familias demandantes y modificando la admisión. El resto de recursos, 59, fueron «para sí» y reclamaban puntos denegados en la solicitud. La Junta no facilitó el dato de las reclamaciones estimadas en este caso.
