El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Pozoblanco a indemnizar con cerca de 90.000 euros a los empleados de la constructora El Ochavo por la paralización de las polémicas obras del edificio de Marcos Redondo. El Consistorio suspendió la licencia a la empresa y precintó el inmueble entre el 8 de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2010 al considerar que constituía una infracción urbanística, pues impedía la alineación de la citada avenida.
En la sentencia, que responde al recurso presentado por los obreros y a la que ha tenido acceso este periódico, el togado considera que existe «lesión antijurídica», puesto que el propio Ayuntamiento «otorgó en su momento la licencia luego revocada».
Es más, «desoyó los informes técnicos favorables que avalaban la procedencia del citado permiso según el planeamiento e incluso el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía».
La cuantía de la indemnización a los 17 obreros de la constructora, que asciende a 89.309 euros en total, se refiere al montante que dejaron de percibir durante el periodo en el que la obra estuvo paralizada.
El juez destaca en el fallo la «prudencia» a la hora de reclamar por parte de los operarios, que podrían haber demandado otros perjuicios, como daños morales por la pérdida de sus trabajos. Esto, sumado a la «aparente indolencia del Ayuntamiento», que nada objeta sobre el total de la indemnización, lleva al togado a estimar la demanda que presentaron los operarios y a dictar que reciban sus respectivas indemnizaciones. Contra esta resolución no cabe recurso.
La polémica por el edificio de la avenida Marcos Redondo comenzó el 18 de enero de 2008, después de que el equipo de gobierno socialista concediera licencia a la firma El Ochavo para la construcción de un inmueble en el citado enclave con dos locales, 22 viviendas, 66 garajes y 36 trasteros, con la oposición en contra. De hecho, el ex alcalde popular Baldomero García, entonces concejal en la oposición, junto a varias personas más —entre las que también se encontraba el ex edil de Urbanismo, Manuel Cabrera— presentó un recurso ante el juzgado para impugnar la citada licencia, si bien el juez denegó dicha petición, puesto que el permiso contaba con diversos informes a favor, previos y posteriores.
En septiembre de ese año, se acordó en Pleno la paralización de las obras y la aclaración de las normas subsidiarias para llevar a cabo la alineación.
No obstante, el entonces alcalde, Benito García, se opuso a llevar a efecto tal decisión, lo que desencadenó una profunda crisis en el Consistorio que, incluso, le costó el puesto en el sillón consistorial. García dimitió en junio de 2009.
Le sustituyó el popular Baldomero García. El nuevo regidor mantuvo la misma postura que defendió en la bancada de la oposición y sólo dos días después de ser elegido alcalde firmó un decreto ordenando que se detuviera la construcción del polémico edificio.
En noviembre, el juzgado se pronunció en contra la detención de la obra, sentencia que fue apelada por el Ayuntamiento. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó que se levantara el citado precinto.
