Córdoba recibirá 95.000 euros, 147.700 menos que en 2010, la provincia andaluza con menos inversiones
Día 02/10/2011 - 10.07h
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, denunció ayer que la provincia de Córdoba se haya a la cabeza de Andalucía en los recortes «drásticos» que la Junta ha realizado en el programa «Zonas con Necesidad de Transformación Social». Esta actuación va dirigida a enclaves en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave, marginación y exclusión social, teniendo en cuenta que el concepto de exclusión social se refiere a la insuficiencia no sólo de recursos económicos, sino también a la falta de participación en el mundo sociolaboral y a la dificultad de acceder a bienes básicos como son la vivienda, la educación o la salud.
Y puso como máximo exponente a Córdoba. Explicó que en el caso de la provincia el tijeretazo ha sido del 60,9% por ciento respecto a 2010. Es decir, prosiguió, sus ayuntamientos pasaron de recibir 242.700 euros para llevar a cabo este programa a ingresar 95.000 euros del 2011. Otros ejemplos significativos que aportó, aunque siempre inferiores al de Córdoba, fueron las disminuciones en Málaga (50,8%) y Granada (48,3%).
Soto lamentó que se produzcan recortes en materia de servicios sociales, y que, según apuntó, «afectan a los servicios sociales básicos y a la población más vulnerable», al mismo tiempo que retó al Ejecutivo regional a que «desmienta estas cifras», de las que «están seguros» ya que «disponen de las resoluciones firmadas por la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro», afirmó.
Réplica de la Junta
Además, puntualizó que los recortes del programa « Zonas con Necesidad de Transformación Social» no sólo afectan a la atención directa de miles de personas, sino también va a suponer el despido de «cerca de 100 trabajadores en Andalucía». «Estos recortes afectan a las capas más vulnerables, y creemos que es muy grave». Por ello, anunció, el PP «pedirá la comparecencia de Navarro en el pleno del Parlamento, para que dé la cara y explique por qué deja abandonada a la sociedad y a las personas más necesitadas de Andalucía».
La réplica no tardó en llegar. La directora general de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Ana Gómez, admitió una «bajada» en el citado programa, pero sostuvo que «se debe a una reorientación de los proyectos de actuación conforme a las competencias de la Consejería, y nunca a una retirada del apoyo a las políticas sociales». Defendió que el aumento de las transferencias de la comunidad a los ayuntamientos permite compensar la situación.
