Día 02/10/2011
QUIERO recordar el primer grupo de trabajo que sobre la Ley del Olivar se constituyó. Fue hace ya varios años, en enero de 2009, reuniéndose en una sala de la Delegación Provincial. Presentes estábamos, aparte de los representantes de la Administración, los de las tres organizaciones agrarias, cooperativas, Universidad, investigadores del CSIC y del Ifapa, denominaciones de origen, comunidades de regantes, empresas privadas, etc. Ya en esa reunión cobró especial importancia la modernización y reconversión del olivar que constituiría la mejor herramienta posible para su viabilidad. Algo que como presidente de Asaja Córdoba he defendido y seguiré defendiendo, al ser ello una prioridad para lograr su rentabilidad, garantizando el mantenimiento de las explotaciones y el tejido productivo y social de los pueblos andaluces.
Tras esa primera mesa de trabajo siguieron otras que englobaron otros aspectos del olivar. Después vinieron los actos políticos de presentación del primer anteproyecto, jornadas de reflexión, alegaciones, reuniones en la Consejería, nuevas versiones del anteproyecto, actos políticos, fotografías y un sinfín de actividades que han terminado en la aprobación de un texto que no sólo ha recibido el rechazo de la mayor parte de olivareros andaluces y de Asaja, sino que también fue rechazado por el Comité Económico y Social de Andalucía y, peor aún, por el propio Consejo Consultivo de Andalucía que, en su día, calificó el texto como «vacío de contenido», «falto de directrices y pautas de actuación que orienten eficazmente la acción del Ejecutivo» y objetó la redacción de 15 de sus 39 artículos. Tampoco en el Parlamento el documento ha contado con el apoyo completo de la Cámara, pues tanto el grupo del PP como el de IU presentaron enmiendas a la totalidad del articulado, enmiendas no tenidas en cuenta.
Ahora, al cabo de todo ese camino recorrido, me pregunto si el tiempo y los recursos empleados en la redacción de esta Ley han servido para algo. Lamentablemente mi respuesta es inmediata: no. No porque siendo «la primera Ley de un cultivo andaluz» no ataja ninguno de los graves problemas por los que atraviesa, no porque esta ley nace a espaldas de las necesidades de los olivareros y no porque la administración ha hecho caso omiso de aportaciones al documento. En definitiva, es una ley innecesaria e inútil pues no aporta nada nuevo y que no ha servido para otra cosa que no sea la de dilatar en el tiempo los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los más de 600 municipios que dependen de él. Si al final se han necesitado tres años para su elaboración, ¿cuánto más se tardará en redactar ese Plan Director que se ofrece como el verdadero instrumento ejecutor de la Ley? ¿Puede el sector esperar otros tres años más? Evidentemente, no, pues lo que necesita son medidas inmediatas y eficaces que atiendan a la modernización y reconversión urgente del olivar, a la vertiginosa caída en los precios, y que promueva, entre otras cuestiones, la integración y el control del mapa cooperativo con el fin de unificar la oferta y ordenar de una vez, en no pocos casos, su funcionamiento.
Por otra parte, la Ley no parece que cuente con un presupuesto específico, por lo que entre sus posibles vías de financiación plantea la posibilidad de emplear los fondos que reciben los propios olivareros de la PAC, provocándose así un trasvase entre las distintas comarcas olivareras. Evidentemente, desde Asaja trataremos de impedir que se produzca ese trasvase, puesto que la solución no está en desvestir un santo para vestir a otro, ni en reducir el apoyo público a ningún olivarero, sino de incrementarlo en aquellos casos en los que sea necesario, puesto que de lo contrario dejaría de ser una Ley de fomento.
Actualmente y desde hace un tiempo, sin duda, lamentablemente, el sector sobrevive gracias a los pagos compensatorios de la PAC que generan más del 40% de la renta de los olivareros y son los que están permitiendo continuar con su actividad, pero que en este momento aquellos penden de un hilo y pueden verse drásticamente recortados si en la inminente reforma de aquella estos no se blindan, por lo que es necesario que el Ejecutivo escuche a sus agricultores y haga valer en todas las esferas políticas las características propias de su agricultura que sin duda es la más potente de España, debiendo respetar además en general criterios de diferenciación objetivos en función del potencial productivo de los distintos cultivos de las distintas comarcas agrarias.
En definitiva, se trata de una Ley que nadie ha pedido, que nadie necesita, que no se ha consensuado, y que provoca más perjuicios que beneficios a uno de los principales motores de la economía rural andaluza.
