Le acusa de omisión del deber de perseguir un delito contra la ordenación del territorio
Día 28/10/2011 - 09.48h
La Fiscalía ha pedido al juez decano de Lucena que se tome declaración en calidad de imputado al alcalde de Benamejí, el socialista José Ropero, por la supuesta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir un delito contra la ordenación del territorio, tras construir un particular edificaciones de cuatro plantas en suelo no urbanizable.
Así lo detallaron fuentes judiciales, que precisaron que el secretario del Ayuntamiento de Benamejí asevera en un informe que en la calle Remedios del municipio se han construido dichas edificaciones, así como dos actuaciones en suelo no urbanizable. Esta información la corrobora el interventor, después de que denunciara los hechos la concejal del Partido Andalucista, Josefa Fuentes.
De este modo y tras los informes del secretario e interventor, el fiscal de Medio Ambiente, contra la Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan Antonio Merlos, cree que existen datos suficientes para considerar la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, así como de la omisión del deber de perseguir delitos previsto en el artículo 408 del Código Penal, que establece una pena de inhabilitación de cargo público de seis meses a dos años.
Al respecto, fundamenta que se han llevado a cabo edificaciones en suelo no urbanizable en unos casos y en otros en suelo urbano, pero de forma contraria a la legislación urbanística, de modo que los propietarios de las mismas se podrían enfrentar a pena de prisión de seis meses a dos años por haber realizado estas construcciones.
Circunstancia advertida
En cuanto a la actuación del alcalde, el Ministerio Público defiende que Ropero no ha puesto en conocimiento de tales hechos a la Fiscalía, a pesar de estar obligado; ni tampoco se ha seguido procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad a pesar de advertírsele dicha circunstancia varias veces por parte de la denunciante, de ahí que se le impute la omisión del deber de perseguir un delito contra la ordenación del territorio, que es competencia municipal.
Por todo ello, el fiscal solicita al juez decano de Lucena que se tramiten las correspondientes diligencias previas, se le tome declaración al alcalde socialista en calidad de imputado y se investigue quiénes son los titulares de las edificaciones y se les tome declaración también como imputados.
