Desde 2009 no se ha actualizado la tarifa, lo que supone cada año una penalización
Día 02/11/2011 - 09.06h
El pleno del Ayuntamiento de Cabra aprobó en la noche del pasado lunes un pliego de cláusulas administrativa para la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de energía eléctrica del Consistorio. Una medida con la que se pretenden ahorrar más de 205.000 euros que se venían pagando en concepto de penalización, ya que no se habían cambiado los contratos que con una potencia superior a 10 kilowatios deberían estar en el mercado libre, tal y como se tipifica en el Real Decreto 485 de 2009. Así pues, se han venido abonando recargos del 10 por ciento en el año 2009 y del 20 por ciento en 2010 y 2011, lo que se traduce en sanciones de 50.000, 95.000 y 60.000 euros en los tres últimos ejercicios respectivamente.
Según informó el delegado municipal de Servicios y Urbanismo, Juan Ramón Pérez (PP), cuando el equipo de gobierno tomó posesión de la Alcaldía detectó que no se habían tramitado la mayor parte de los contratos energéticos. «Consideramos que es vital el paso de los contratos al mercado libre», sentenció el edil popular. Por otro lado, Pérez abundó que tal y como marca la ley «se presenta este pliego para que las comercializadoras energéticas que estén dispuestas a presentarse hagan una oferta lo más competitiva posible».
En el documento aprobado por el Pleno se contempla además aquellas aportaciones previstas en el Plan de Optimización Energética, elaborado el pasado año para el municipio egabrense, en el que se indica la potencia que debe contratarse en los contadores de los distintos inmuebles que posee el Ayuntamiento.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Carnerero, se refirió al convenio existente entre Endesa y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), preguntando si está prevista la adhesión del Consistorio egabrense al mismo, obteniendo como respuesta que se conocía su existencia, aunque prefieren conocer antes lo que pudieran ofertar las distintas comercializadoras para ver si la oferta es más beneficiosa para las arcas municipales que el convenio con la FAMP.
Por su parte, el portavoz andalucista, Javier Ariza, defendió que se trata de una medida destinada a defender la austeridad, subrayando además que «se han realizado comunicaciones de multa y visitas» y pese a ello, no se había realizado la gestión para cambiar los contratos de suministro.
