El subdelegado espera así que se contrate esta campaña a más trabajadores nacionales
Día 09/11/2011 - 09.40h
La campaña olivarera de este año se caraterizará por extremar la vigilancia tanto para evitar robos de cosecha como para asegurarse el cumplimiento de los derechos a los trabajadores, según informó ayer el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, quien asistió a la Junta de Seguridad de la Campiña Sur celebrada en Puente Genil y presidida por el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y que estuvo acompañado por la presidenta de la Campiña Sur, Francisca Carmona, y varios alcaldes de la zona, así como agentes de la guardia civil y policías locales. En especial, se reforzará la vigilancia para que no se recurra a mano de obra ilegal y se recurra a la contratación de personas en situación irregular.
De cara a esta campaña «vamos a estar muy atentos a la protección de los derechos a los trabajadores y a la posible comisión de delitos contra la Ley de Extranjería», apuntó Ruiz. En este sentido, «vamos a desplegar un programa de inspección de trabajo con ayuda de la Guardia Civil para que no se produzca ningún delito», sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos «ante un año especial porque muchas personas provenientes del sector de la construcción han venido como demandantes de empleo al sector agrario». Y ahora lo que «deseamos es que la mayor parte del trabajo lo puedan realizar nacionales, por eso no vamos a autorizar contingentes en origen provenientes de otros países».
Más efectivos
Por otro lado, Ruiz destacó que para esta campaña de la aceituna «contamos con una nueva incorporación de recursos». Se trata del plan que entró en funcionamiento el pasado mayo para «prevenir los robos en las extensiones agrícolas y ganaderas, enfocados no al fruto sino a la obtención de maquinaria y sobre todo buscando cobre», y por ello «en esta comarca se ha incorporado un escuadrón de caballería y un módulo especial». El subdelegado matizó que «estos grupos rurales desarrollan su actividad en controles preventivos que son los que permiten evitar que se produzcan robos».
Guarderías rurales
Por otro lado, destacó la necesidad de denunciar, «ya que ha entrado en vigor una modificación del Código Penal que pone énfasis en la reincidencia, de manera que lo que «antes era una falta con un valor inferior a 400 euros, ahora si la Guardia Civil puede imputar tres hurtos a una persona tendrá la consideración de delito y entonces se puede conceder la privación de libertad entre 6 y 18 meses».
Carmona informó de que «para rentabilizar los esfuerzos estamos trabajando para poner en marcha una ordenanza de guardería rural». Por su parte, Morales dijo esperar que esta campaña se conozca «por el número de toneladas» y no por los hurtos. La campaña pasada arrojó daros esperanzadores: disminución de los robos en la Campiña en un 54 por ciento.
