El impago de la Junta obliga a Amara a despedir a 9 empleados

La asociación Amara, centro especial de empleo para personas con discapacidad y que se dedica a la producción de muebles, estudia un plan de viabilidad para seguir adelante con su labor hasta que se regularicen los pagos que adeuda la Junta de Andalucía. El plan incluye la reducción temporal de un treinta por ciento de la plantilla, en total 9 trabajadores discapacitados, que pasarían al centro de formación ocupacional de la propia asociación. De esta forma dejarían de cobrar un salario, aunque recuperarían su paga asistencial y podrían mantener en buena medida sus actuales ingresos. La medida no afectaría a los monitores, ya que la ley exige a mantener el mismo número de profesores para la ratio resultante tras aligerar la plantilla del centro.

Según explicó la presidenta del colectivo, Natividad Beato, la medida está siendo consensuada con los padres y los asistentes sociales del centro «ya que es necesario tener en cuenta el caso concreto de cada trabajador, su situación respecto a la Ley de Dependencia y sus cotizaciones, entre otros factores».

Beato indicó que la asfixia económica a la que la Junta está sometiendo a los centros está obligando a estos a adoptar medidas extremas. La presidenta de Amara explicó que tanto los sindicatos como la propia Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-Andalucía) han aconsejado a los centros que pongan en marcha expedientes de regulación temporal de empleo «algo a lo que seguimos resistiéndonos en Amara, ya que supone dejar en la calle a gente que es discapacitada pero válida para trabajar y que, ahora más que nunca, lo tendrían casi imposible para integrarse en una empresa normal».

La presidenta de Amara señaló que de nada han servido hasta ahora la medidas de presión ejercidas por la federación de centros especiales de empleo, que a finales de octubre celebraron concentraciones a las puertas de las distintas delegaciones provinciales de Empleo. En los próximos días está previsto que Feaps-Andalucía entregue las firmas recogidas en las distintas provincias en apoyo a la labor que desarrollan estos centros y para exigir a la Junta el pago de la deuda que mantiene con ellos. Sólo en Lucena se han recogido ya más de 700 firmas.

A mediados de septiembre, la Junta adeudaba a Amara 267.820 euros, de los que con posterioridad sólo abonó la parte correspondiente a 2009, unos 30.000 euros, quedando pendientes 110.000 euros de 2010 y la totalidad de lo que va del presente año. En total, más de 230.000 euros.

El caso no es único. Sólo en la provincia de Córdoba hay 29 centros especiales de empleo, que dan trabajo a 700 personas con discapacidad.