La ampliación de la pista del aeropuerto de Córdoba ha generado un nuevo conflicto de intereses entre vecinos del entorno, AENA, Sevillana-Endesa y la propia Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que todavía dista mucho de entrar en vías de solución.
El problema, tal y como explicaron a este periódico fuentes de AENA, es que la nueva pista requiere de la eliminación de cualquier barrera física que impida la llegada o salida de naves y eso incluye las líneas de alta tensión. Por este motivo, «se ha firmado un convenio entre nosotros y la compañía eléctrica para el soterramiento de esa línea», abundaron.
Hasta ahí, todo normal. No obstante, el director en Córdoba, Huelva y la Bahía de Cádiz de Sevillana-Endesa, Alfredo Rodríguez, explicó que había una serie de vecinos «de la calle Venecia» que estaban impidiendo a la compañía entrar en sus terrenos para empezar a trabajar, con lo que se da la circunstancia de que con una pista prácticamente terminada, el aeropuerto no puede ser operativo hasta que no se resuelva el conflicto.
Y, a pesar de que desde ambas partes se aseguró que «se están ya dando los pasos para solventarlo», los vecinos afectados negaron la mayor.
«Demasiado simplificado»
«Aquí se está intentando simplificar en exceso algo que tiene muchas más complicaciones y no es sólo una cuestión de soterramientos», advirtió de antemano David González, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Castillo, en la que se incluyen los habitantes de San Luis, Venecia, Venecia I y Venecia II, en la zona del Higuerón Bajo, un espacio ubicado entre la N-437, la CH-3 y el arroyo Hormiguita que llega hasta el Club Piscina Neptuno (incluido en este conflicto) como límite de lo que serían las casas afectadas por los efectos de la ampliación en la calle Llanos del Castillo.
Así, el equipo técnico contratado por esta asociación vecinal, y que ya ha mantenido reuniones con responsables de Sevillana-Endesa, la Gerencia y la Junta de Andalucía, considera que el proyecto de ampliación contiene graves deficiencias técnicas, entre las que se encuentran que «el proyecto de impacto medioambiental se elaboró a posteriori de iniciar las obras, dejando a numerosas viviendas de las proximidades en una situación irregular», añadió González.
Eso significa que cuando se expropiaron las viviendas necesarias para la construcción física de la nueva pista, «se olvidaron de tratar aquellas viviendas que, bien por la altura o bien por el ruido, ya no pueden ser habitables». Y es que, por ley, se estipula una altura máxima de las edificaciones situadas en línea con la pista para la salida y la llegada de los aviones —algo que implica directamente a una docena de casas, siempre según el vicepresidente de los vecinos—, mientras que existe un espacio denominado «huella del ruido» en la cabecera de la pista, desde donde se producen los despegues, que impide la habitabilidad a partir de determinados metros a causa del estrépito provocado por las aeronaves, «que afecta al 20 por ciento de las viviendas del entorno».
Así por ejemplo, el propio David González estaría aquejado por ambos problemas, ya que su vivienda es de dos pisos y está pegada a la carretera, casi a pie de pista. «Yo, técnicamente, tendría que quitar mi tejado, todo el segundo piso y dejar un metro de la planta baja», consideró.
Con este panorama, los vecinos exigen a las distintas partes que, en lugar de negociar con ellos uno a uno para centrarse únicamente en el tema del soterramiento de la línea de alta tensión, «habría que tocar todos los puntos en un mismo paquete y buscar una solución unitaria».
Por ejemplo, los vecinos acusan a Sevillana-Endesa de querer «tirar por la vía corta y más barata para el soterramiento» y eso implica entrar en propiedades privadas. «Cada uno de nosotros somos dueños de decidir lo que consideremos dentro de nuestro territorio —comentó González— y si no se les quiere dar permiso para ello tendrán que aceptarlo».
El caso es que y se han barajado, según el vicepresidente, varias decisiones, tales como no tocar las casas que no cumplan con la altura máxima, «lo que sería un peligro para nosotros y para los aviones», o bien obligar a los vecinos a marcharse amparándose en que se trata de un proyecto de interés general y con carácter de urgencia. «La verdad es que la proximidad de las elecciones les ha frenado esa vía tan poco popular, máxime teniendo en cuenta que son ellos los que han cometido el error y son ellos quienes tienen que resolverlo». A cambio, los vecinos están dispuestos a hablar de expropiaciones «bien valoradas». Las espadas están en alto.
