Día 19/11/2011
Probablemente estemos ya saturados del asunto tan recurrente y manido como es el de la crisis, analizado cada día desde distintos foros, instancias y perspectivas. Incluso es posible que algunos lectores al ver el título de este artículo renuncien, sin más, a su lectura. Sin embargo creo que, lejos de obviarlo, hay que incidir sobre él para evitar que el silencio produzca en muchos la percepción equivocada de que el problema ha desaparecido o que hay que pasar página. Porque si bien es cierto que hay sectores de la sociedad a los que este fenómeno no les ha afectado o lo ha hecho en pequeña medida, la realidad es que otros sectores —trabajadores en paro y empresarios medianos y pequeños— están afectados de manera extremadamente cruel y ven su porvenir con gran desesperanza. Por ello, aunque pudiera resultar reiterativo, hay que tratar de no olvidar esta cuestión y buscar alguna idea con la que concienciar a los poderes públicos para que trabajen sin descanso hasta encontrar una solución. Hoy me quiero referir particularmente al retraso en los cobros que tienen muchos empresarios, autónomos y pymes en su mayoría, lo que les ha ocasionado una verdadera asfixia financiera. Y principalmente cuando los deudores son las administraciones públicas. No es de recibo que Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos sean la causa de la desaparición de muchas empresas, precisamente porque han contribuido con sus impagos a esa asfixia financiera que desemboca inexorablemente en masivos despidos y cese en las actividades económicas. Muchos intuyen, y algunos conocemos, las enormes cifras que determinados entes públicos adeudan a pymes y autónomos que en algunos casos tienen una antigüedad de varios años. Por citar algún caso concreto, pero obviando datos de los intervinientes como es lógico, un importante Ayuntamiento adeuda a una sociedad casi tres millones de euros mientras que dicha sociedad, por falta de tesorería, debe a la Agencia Tributaria ochocientos mil euros
de una deuda impagada que, inicialmente, era de seiscientos mil. Las consecuencias para la sociedad han sido nefastas porque la falta de pago por parte del Ayuntamiento, además de causarle un perjuicio irreparable en sus finanzas, ha incrementado su problema en doscientos mil euros más. Creo que ya es hora de que los poderes públicos se impliquen en remediar estas situaciones estableciendo límites de endeudamiento y de plazos de pago y, en los casos en que las administraciones públicas resulten deudoras, sus acreedores puedan compensar dichas deudas con las que ellos pudieran tener con la Agencia Tributaria u otros entes públicos. En definitiva que se estableciera, al menos para estos casos, con la tutela y el control del Estado un organismo que se ocupara de esas compensaciones. Creo que sería un gran paso para resolver este problema.
GABRIEL MUÑOZ CASCOS ES PROFESOR MERCANTIL, ABOGADO Y AUDITOR
