El PP denuncia que el atraso pone en peligro los puestos de trabajo de discapacitados de 29 centros en la provincia
Día 29/11/2011 - 09.39h
El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha reconocido en una respuesta parlamentaria que la deuda pendiente de pago a varios de los 41 centros espaciales de empleo de la provincia de Córdoba asciende a 821.248 euros, a fecha de 3 de noviembre. Así lo manifestó ayer la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Rafaela Obrero, quien volvió a denunciar el retraso injustificado en el pago de las subvenciones a estos centros especiales de empleo por parte del Ejecutivo andaluz, lo que está poniendo en serio peligro la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo para personas con discapacidades.
Para Obrero, esta es la apuesta por el empleo y por las personas con discapacidad que hace el PSOE desde las administraciones públicas donde gobierna. «Su única acción es dar la espalda a los discapacitados y a las personas que mantienen estos centros de empleo que dan ocupación a muchos cordobeses», señaló.
En Córdoba, varios centros de empleo han manifestado públicamente la difícil situación que atraviesan, que hace que en algunos esté peligrando su existencia y están prorrogando su funcionamiento a duras penas. «En total, son 29 centros en la provincia, con 718 trabajadores con discapacidad, a los que sabemos que no les han pagado estas subvenciones», abundó la responsable popular.
Plan de viabilidad
En concreto, el centro especial de empleo de la asociación Amara, de Lucena, dedicado a la producción de muebles, ha planteado llevar a cabo un plan de viabilidad que pasa por la reducción de la plantilla hasta que se regularicen los pagos que adeuda la Junta de Andalucía. Un 30 por ciento de su plantilla, 9 de los 27 trabajadores, perdería su trabajo y pasaría al centro de formación ocupacional.
Según Rafaela Obrero, lo verdaderamente sangrante es que Andalucía recibió en 2009 de los Presupuestos Generales del Estado 8.695.530 euros para hacer frente a las subvenciones a los centros especiales de empleo para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo a personas con discapacidad, y en 2010 fueron 17.692.496 euros, dinero que no se ha distribuido a estos centros. «Y ante esto, nos preguntamos qué ha hecho la Junta de Andalucía con este dinero», dice la parlamentaria cordobesa.
Desde el Partido Popular, «queremos que el señor Griñán explique a los andaluces y a los cordobeses qué está pasando en la Consejería de Empleo, quién va a asumir la responsabilidad política de esta pésima gestión de los fondos públicos», comentó, para añadir que «quiero pedir a los responsables políticos del Gobierno andaluz que dejen de hacer política demagógica e hipócrita con las personas con discapacidad».
