Día 05/12/2011
VARIOS juzgados de lo contencioso-administrativo acaban de anular diferentes multas y sanciones impuestas por la Administración andaluza tras recibir las competencias de gestión por parte del Estado. A la vista de la sentencia de los altos tribunales españoles sobre la inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía, los jueces han considerado a la Administración andaluza «incompetente» en la Cuenca del Guadalquivir para imponer esas multas, y por tanto éstas han sido consideradas nulas de pleno derecho.
Estas sentencias no hacen sino poner de relieve el fracaso mayúsculo que ha sido el traspaso de competencias sobre el Guadalquivir y la absoluta inseguridad jurídica en la que hemos vivido los usuarios desde que la Junta tomara las riendas. Una situación a la que nos llevó en su día la ligereza de unos partidos políticos que acordaron esa transferencia aun a sabiendas de las dudas jurídicas que se cernían sobre el proceso y de la opinión contraria que mantenían los juristasmás prestigiosos de este país.
Pero si aquella decisión compartida ya fue, como ha demostrado el tiempo, equivocada e insuficientemente sopesada, la decisión posterior de ambas Administraciones, una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional de prorrogar la situación de confusión e incertidumbre en que vivía la Cuenca con una encomienda de gestión de seis meses, sólo puede ser calificada de temeraria e irresponsable. Y el empeño que aún hoy mantiene la Administración andaluza de continuar dando la guerra (electoral) con el Guadalquivir, sólo puede ser calificado sencilla y llanamente como de desprecio absoluto a la Constitución y de falta de respeto hacia los usuarios y ciudadanos en general.
¿Quién se hace responsable ahora del inmenso aluvión de recursos que con toda seguridad va a colapsar los juzgados de lo contencioso-administrativo solicitando la anulación de las sanciones y multas dictadas por la Agencia Andaluza del Agua? La respuesta es sencilla. Nadie, absolutamente nadie. Los artífices de este descomunal estropicio son los mismos que en su momento se resistieron a cumplir el mandato de los tribunales y se dieron seis meses más para ver cómo saltarse a la piola sus sentencias y los mismos que ahora alientan la estupidez de que hay otra vía para que la Administración andaluza siga mandando en el Guadalquivir. ¡Qué impotencia se siente de pensar que a estos señores nadie les vaapedir responsabilidades por lo que han hecho! Y ahora sólo estamos hablando de multas, pero no quiero ni pensar lo que puede ocurrir cuando empiecen a fallarse recursos relacionados conotros actos de la Administración andaluza en el Guadalquivir, como resoluciones de concesiones, informes vinculantes sobre ordenación del territorio, autorizaciones de dominio público hidráulico, o resoluciones sobre cánones y tarifas.
El empeño en seguir «mandando» en el Guadalquivir se contrapone con el abandono absoluto en que tiene sumida la Administración andaluza a las cuencas litorales sobre las que sí puede ejercer competencias plenas. En la práctica, a lo que equivalen sus competencias plenas es que los órganos de gobierno de las cuencas y las comisiones de trasvases no se convocan; a que los cánones no se actualizanysegiran con retraso, acumulándose el pago de un año a otro; y a que las inversiones no se ejecutan e incluso las obras recogidas en los planes hidrológicos y con autorización ambiental llevan años sin licitarse, durmiendo el sueño de los justos.
Francamente, son muchos años los que llevo en labores de representación del regadío, tanto en Feragua como anteriormente en mi comunidad del Valle Inferior, y lo que he tenido que ver estos años en el Guadalquivir y en las cuencas litorales andaluzas no tengo palabras para definirlo. La gestión pública que se ha hecho de estas cuencas por la Junta de Andalucía, lejos de servir para arreglar problemas, sólo ha servido para crearlos. Esperemos que la situación económica que atravesamos haga entrar en razón a nuestros dirigentes y a partir de ahora las cosas se hagan con algo de racionalidad y sentido común, midiendo las consecuencias, poniendo a los profesionales y a los políticos en sus sitios respectivos, y mirando cada euro que se gasta.
MARGARITA BUSTAMANTE ES PRESIDENTA DE FERAGUA
