TRIBUNA ABIERTA

SE cumplen 33 años del Referéndum que aprobó la Constitución Española, hecho que va unido inseparablemente a la Transición de la Dictadura de Franco a la Democracia, con todo lo que eso implicó.

Es una obviedad pero, en España, las obviedades hay que recordarlas cada día dado que la memoria histórica dura escasos segundos. En ocasiones, incluso, se oculta o se llega a hacer Ley para intentar cambiar lo que fue por lo que algunos quisieran que hubiera sido. La década de los 70 fue, sin duda, algo irrepetible y, desde luego, no se puede cambiar. Por mucho que lo intente algún alucinado que no tuvo ningún protagonismo en ese momento.

Los que tuvimos la fortuna de estar presentes en las Cortes Constituyentes vivimos un periodo impresionante de acontecimientos que, al día de hoy, son en algún aspecto incomprensibles y es muy difícil que alguien se sitúe en aquel lugar, con aquellas circunstancias. Pasó, por ejemplo, que en un mismo día por la mañana estuvimos, en Córdoba, en unas maniobras militares con el Rey en el cuartel de Lepanto (de la Reina, creo que se llamaba) y por la tarde estábamos cortando la carretera a Sevilla con neumáticos ardiendo, protestando y luchando para evitar el cierre de Finanzauto y el despido de los trabajadores.

Éramos, los parlamentarios del PSOE la oposición, pero eso no impedía que fuéramos a la Embajada de Argentina a reclamar el cese de la desaparición de médicos españoles en Argentina, que la Dictadura estaba llevando a cabo. Era más fácil y eficaz defender sectores concretos de la población que intentar eliminar la Dictadura Argentina, al menos desde la oposición española en aquel momento.

Hoy, cualquier persona tiene el derecho de decir lo que quiera, lo que piensa de la Transición Española, sea muy positiva o muy negativa su opinión. Pero nadie puede intentar cambiar lo que pasó, es un ejercicio inútil intentar cambiar la Historia. Pueden llegar a hacer una Ley de la Memoria Histórica pero eso no cambiará nada de lo que pasó, la verdadera Memoria Histórica y, a estas alturas, intentar modificarlo es una entelequia propia de algún nostálgico del pasado que no vivió y quiere reconstruirlo y tener un protagonismo que entonces no tuvo. Sólo así se puede explicar el comportamiento de, por ejemplo, Garzón (más conocido como «Juez Estrella»), que no era tan joven, en aquella época, pero que era un perfecto desconocido; quizás estaba muy ocupado preparando las oposiciones para Juez, o buscándose un lugar destacado en la Judicatura, o cualquier cosa.

Después se coló por la gatera de una comida con González y Bono para entrar en el Parlamento y «creyendo» en la promesa de ser ministrable que, al no verse cumplida, le llevó al cólera y a buscar su propio protagonismo en la Justicia.

Pero hay cosas de mayor importancia e interés, sobre todo de mayor importancia pública que la vanidad de algunas personas. En este aniversario de la aprobación de la Constitución del 78, hay en la sociedad española varios debates abiertos, de manera desestructurada, pero evidentemente necesarios, que están en la boca de casi todos los que tiene interés en la «cosa pública». Por un lado la austeridad del gasto y la duda de qué Instituciones son necesarias de mantener en España en el siglo XXI. Algunos fuimos diputados en la Cortes Constituyentes y después hemos sido senadores, aprobada la Constitución. Al día de hoy, cuando se plantean tantas dudas sobre qué hacer para ahorrar gastos, cuando hay tantas propuestas, algunas sin concretar, sobre qué hacer sobre las Instituciones Españolas en general, cabe preguntarse cuál es el papel del Senado en la España actual.

En la Ley para la Reforma Política se contemplaba, y se llevó a cabo, el nombramiento de 40 senadores «de designación real». Juan Carlos nombró a dedo a 40 senadores que, afortunadamente como no podía ser de otra manera, ya desaparecieron en la Constitución del 78. Esto puede dar idea de en qué terreno nos movíamos, cuáles eran las circunstancias y los instrumentos con los que había que jugar si se quería transformar las Instituciones Españolas y conseguir una Transición a una verdadera situación democrática, con la misma policía, ejército, jueces … toda la estructura antigua de la Dictadura intacta.

Hoy se puede afirmar que en el Senado no existen los 40 del Rey, pero que tampoco esa Institución tiene un papel imprescindible para la Democracia española, por lo que podría plantearse su desaparición sin que se resintiera la representación de los españoles, ni el funcionamiento democrático. Claro, habría que reformar la Constitución de 1978. Pero es que si la Constitución ha hecho un papel fundamental, también se ha quedado obsoleta con el tiempo y ya hace algunos años que debería haberse pensado en modificarla. No para socavar los cimientos de la Democracia sino para fortalecerlos y actualizarlos.

Hay algún capítulo del que resulta más farragoso decir algo, pero que está en la cabeza de todos, el octavo, que hace referencia a las Autonomías. Lo cierto es que difícilmente podemos decir, hoy, con el funcionamiento de la Autonomías que los españoles estamos más cerca unos de otros en derechos, servicios públicos, garantías democráticas, igualdad de condiciones laborales, salariales y en posibilidades acceso al derecho al trabajo, por ejemplo.

¿Hay que modificar el capítulo VIII de la Constitución? Otros deberían contestar a esa pregunta. En concreto, los que se han dedicado más en el tiempo al estudio del modelo del Estado Autonómico. Pero algo sí parece que haya que cambiar. Y, hoy, que está en cuestión casi cada día la Ley D’Hont y, por tanto, la proporcionalidad representativa en las elecciones; cuando se habla de «listas abiertas» no es fácil encontrar a varios que coincidan en lo que entiende cada uno por «listas abiertas».

Por otra parte ya existen en el sistema electoral español, se aplica en el Senado y el resultado es el mismo que en el Congreso; si en una provincia un partido gana en la lista del Congreso de los Diputados, ese mismo partido obtiene 3 senadores, y el segundo partido en número de votos, obtiene el cuarto. Ocurre invariablemente desde 1977 hasta hoy en España, incluyendo a los que se creen especiales: vascos y catalanes. Podrían hacerse cambios, buscando una relación más directa con electores y elegidos, para ello el distrito electoral podría ser comarcal, y elegir un solo diputado. La elección y la relación con el elegido sería más directa. No es ni más ni menos que el llamado sistema anglosajón, sin embargo habría que admitir que la proporcionalidad de representante por los votos emitidos podría llegar a ser muy diferente a la actual, podría darse el caso de que con muchos votos se tuvieran muy pocos diputados y que con muy pocos votos más, un partido, en el conjunto de España, pudiera llegar a tener muchos más escaños.

Hay que elegir y tener una información previa a esa elección, además de asumir que no se trata sólo de proporcionalidad sino también de representatividad y relación más o menos directa entre electores y elegidos. Además, sería mejor elegir al presidente del Gobierno directamente, como hacen en otros países, a una o dos vueltas. Aquí se da la paradoja de que elegimos una solo cosa: parlamentarios.

Pero quien tiene el poder absoluto es el presidente del Gobierno, que elige los que van en las listas y que decide, más tarde, quienes (previa negociación con otros partidos) formarán el Gobierno de los jueces. Así, también deberíamos poder elegir directamente al Gobierno de los jueces, como se hace también en otros países, habría una real separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay, por tanto, muchas posibilidades de cambios en la Constitución que ha servido en su tiempo y que ya se ha hecho vieja. Y no se ha hecho vieja por el paso del tiempo sino por las necesidades que plantea la sociedad.

RAFAEL VALLEJO RODRÍGUEZ Y EMILIO FERNÁNDEZ CRUZ FUERON DIPUTADOS CONSTITUYENTES Y SENADORES POR CÓRDOBA EN 1979