La parlamentaria andaluza del PP Rafaela Obrero denunció ayer los «recortes encubiertos» de la Junta de Andalucía en materia de Educación y que en la provincia se traducen en un aumento de la ratio por falta de profesores, estancamiento de los programas educativos, falta de plazas de guardería y retrasos en el pago de la partida de gastos a centros públicos.
En total, según las cuentas presentadas ayer por Obrero, el gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha dejado de invertir más de mil millones de euros en Educación durante esta legislatura autonómica, dando lugar «a lo peores años para la Educación andaluza». Este déficit de inversión es el resultado de la suma del recorte de 430 millones en Educación incluido en el plan de reequilibrio económico financiero; el descenso de 219 millones en los presupuestos de Educación correspondientes a 2011 y los 347 millones que no se han ejecutado de dicho presupuesto.
En la provincia, la reducción del gasto se traduce, en primer lugar, en un déficit de la plantilla docente. «En Córdoba hay 3.616 alumnos más, mientras que la plantilla sólo ha crecido en 13 profesores, lo que ha provocado un aumento de la ratio y problemas de personal en los centros», puntualizó Obrero.
Por otro lado, el número de nuevos colegios e institutos acogidos a programas educativos este curso ha sido mínimo. En este sentido, el PP recordó ayer que el curso empezó con problemas de impagos a las empresas que gestionan los comedores escolares y un recorte en el número de monitores que atienden este servicio. «Además, sólo se ha incrementado la red bilingüe en cuatro centros y el 55 por ciento de los colegios de la provincia no tienen comedor», señaló Obrero, quien añadió que otra consecuencia de los recortes es la ralentización en la creación de plazas de guarderías, lo que supone que en la provincia sólo uno de cuatro niños de 0 a 3 años tenga garantizado un puesto.
Por último, la parlamentaria popular destacó que 2011 ha sido «el año de los impagos en Educación», en referencia a los atrasos en el pago a las guarderías de la provincia, con las que la Junta de Andalucía ha llegado a acumular una deuda de hasta tres meses; y en el ingreso de la partida de gastos de mantenimiento para los colegios e institutos públicos, que ha supuesto que muchos centros tengan problemas de liquidez y no puedan pagar a sus proveedores.
