El Ayuntamiento desembolsa 779.300 euros para garantizar la ayuda a domicilio

El Ayuntamiento está dándole prioridad a las políticas sociales a pesar de las dificultades económicas que reducen al mínimo su margen de maniobra para emprender nuevas iniciativas. Un ejemplo de ello es que la junta de gobierno local, que es el máximo órgano de decisión municipal entre pleno y pleno, aprobó en una de sus últimas sesiones del pasado año la apertura de un proceso de contratación de urgencia del personal y los medios materiales necesarios para que el Servicio de Ayuda a domicilio pueda tener continuidad durante ocho meses más.

Tal y como publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 28 de diciembre, la suma de la que dispone el Ayuntamiento para hacer frente a este servicio es de 779.296 euros. El montante económico irá a cargo del Plan Concertado de Servicios Sociales.

Una situación delicada

Hay que recordar que la cobertura de estas asistencias sociales de las que se encarga el Ayuntamiento han estado en vilo a cuenta de la delicada situación financiera municipal. El pasado octubre, sin ir más lejos, la junta local de gobierno se vio obligada a aprobar un expediente con las modificaciones de crédito necesarias para poder hacer frente en el último trimestre de 2011 a la ayuda a domicilio que ofrece directamente el Consistorio. En total fueron 597.289 euros los que se liberaron para este fin después de haber trasladado fondos de distintas partidas a este servicio. Entonces, el PP lamentó que cuando se hizo cargo del gobierno de la ciudad en junio de 2011 se «encontró con que estaban agotadas las partidas» para la ayuda a domicilio concertada. Por ello, fue preciso hacer un «barrado» —éste es el término técnico— para coger dinero de distintos capítulos y destinarlo a los servicios sociales, de forma que se dotó de los fondos suficientes durante el tercer trimestre.

Los Servicios Sociales fueron uno de los capítulos con los que el PP vio que peligraban una vez que tomó las riendas de Capitulares. No en vano, al poco de hacerse cargo de la Delegación de Mayores e Inclusión, Blanca Córdoba, lamentó que se estaban acumulando las facturas impagadas hasta llegar a una cifra que, en junio, superaba «los siete millones de euros». La delegada de Mayores e Inclusión señaló entonces que que «la situación que nos hemos encontrado, como ocurre en otras áreas municipales, es que muchas partidas están sin fondos». La edil reconoció que, entre esas partidas se encontraban las de la ayuda a domicilio de la Junta, las propias del Ayuntamiento, las ayudas de emergencia y los convenios y subvenciones con colectivos sociales. En el caso de las ayudas de la Junta, la factura mensual asciende a unos 900.000 euros y, según reconocía Blanca Córdoba, había impagos desde el último trimestre de 2010, lo que ponía la factura sólo de la Administración autonómica en más de cinco millones de euros.