La Gerencia Municipal de Urbanismo fijará en febrero su posición acerca de las parcelas en situación irregular una vez que se abre para ellas un nuevo horizonte por la aprobación del decreto de la Junta de Andalucía para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable y, de otro lado, a cuenta de la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA ), que recibe mañana la luz verde en el Parlamento autonómico, y en la que el PSOE ha introducido una disposición transitoria por la que se podrían dar enganches de luz y agua bajo una serie de condiciones y durante un máximo de un año a viviendas en suelo no urbanizable.
El presidente de la Gerencia, Luis Martín, informó de que el Consistorio trabaja con el plazo límite de sólo unas semanas para haber establecido el criterio con el que actuará Urbanismo, habida cuenta de que en la mañana de ayer él y el gerente del organismo autónomo, Juan Luis Martínez, se reunieron con los responsables de los departamentos de Tesorería, Planeamiento, Planificación, Licencias y Tesorería para abordar este asunto. La intención de Martín es que el marco de actuaciones que establezca la Gerencia sea aprobado por el consejo rector de la misma.
Con todo, el presidente de Urbanismo se mostró muy crítico sobre el nuevo marco legal que abre la Junta. «El decreto, que es un galimatías jurídico y que tiene un tufo importante a campaña electoral, ya ha generado opiniones y propuestas contradictorias, cuando lo cierto es que tardará aún un mes en entrar en vigor», declaró. «Parece claro —añadió Luis Martín— que la premisa de la Junta es la siguiente: yo legislo y que los ayuntamientos sean los responsables de aplicarlo».
El presidente de Urbanismo agregó que entre los primeros pasos que dará el organismo autónomo se encuentra la actualización del censo de parcelaciones ilegales. «Vamos a contratar vuelos para hacer fotografías y definir cuáles son los asentamientos en los que se concentran las parcelas en situación irregular, y luego volcaremos esos datos en los planos», precisó Luis Martín. Tal y como publicó este periódico el pasado sábado, tras el inventario de parcelaciones ilegales y regularizables que actualizará los que guarda el PGOU de 2001, será el momento de redactar una ordenanza que establezca el procedimiento para atender la regularización de aquellas zonas susceptibles de beneficiarse de la nueva vía de legalidad.
