El nuevo decreto de la Junta deja fuera a un millar de viviendas

El nuevo decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable que está a punto de ver la luz en el BOJA y que permite dotar de servicios a viviendas ilegales que no estén bajo régimen de especial protección y puedan asimilarse a fuera de ordenación no surtirá efecto en un millar de viviendas de cinco urbanizaciones de Lucena que tendrán que seguir por la vía del PGOU.

Así lo quiso dejar claro ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Villa (IU), que explicó que el decreto no incluirá las casas sobre suelos considerados como urbanizables en los planes generales de ordenación urbana vigentes, circunstancia que concurre en zonas de segunda residencia como Campo de Aras, Las Vegas, Camino de los Poleares o La Torca, sino exclusivamente aquellas edificadas sobre terrenos no urbanizables.

En la actualidad existen en Lucena más de un millar de viviendas, en su mayoría de segunda residencia, en estas circunstancias, cuya regularización final corre por cuenta de sus propietarios siguiendo los trámites propios de los planes parciales.

Según explicó hace unos días la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, el decreto distinguirá, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos —parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos, en el que se incluirían las principales urbanizaciones lucentinas— y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural.

Para los asentamientos urbanísticos, el decreto establecerá las condiciones y procedimientos de legalización a través del planeamiento urbanístico municipal y siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas. En este punto están zonas como Campo de Aras o Las Vegas, pero con un nulo interés por parte de los propietarios, salvo en aquellos planes de actuación en los que la bolsa de suelo pendiente de edificar es mayoritaria como ocurre en uno de los tres definidos en Campo de Aras. En verano se concentra aquí una población de 4.000 personas.

Rechazo a los planes

El concejal de Urbanismo, Miguel Villa, reconoció ayer que en Campo de Aras, donde el PGOU dibuja tres planes parciales que comenzaron a ser desarrollados por la empresa Ecourbe hace ya ocho años, apenas se ha avanzado. No obstante, Villa indicó que acaban de retomarse las conversaciones. El Ayuntamiento quiere facilitar la adaptación a la legalidad de esta zona, en la que existen más de 500 viviendas. Para ello facilitará la division de los diferentes planes parciales en unidades de ejecución más pequeñas, que permitan a grupos de vecinos sacar sus parcelas adelante sin necesidad de acuerdos globales, que se antojan imposibles. Otra iniciativa persigue favorecer la segregación de parcelas proindiviso, facilitando que cada propietario pueda definir los límites de su terreno.

La segunda zona de segunda residencia en la que se comenzó a actuar es Las Vegas, donde se definieron dos planes parciales, uno para la zona ya colmatada y otro para una bolsa de suelo aún sin edificar.

Como en el primer caso, los vecinos se han mostrado tradicionalmente contrarios a una actuación que ofrece papeles a cambio de una inversión para muchos inasumible, incluidas cesiones urbanísticas al Consistorio o aportaciones para dotar de servicios básicos a lo que hoy es un caos organizado.