Nuevo auto de la juez Alaya en el que, por primera vez, resulta imputado un alto cargo en activo del Gobierno de Griñán. El escrito que ayer dictó la instructora del sumario de los ERE añade 21 imputaciones entre las que destacan los dos directores generales de Trabajo que sucedieron a Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y el actual, Daniel Alberto Rivera. Así han resultado imputados los dos directores generales que han pertenecido al equipo de Griñán.
El nuevo auto de la jueza supone un punto de inflexión en la instrucción del caso porque afecta prácticamente a todos los actores implicados en el escándalo, imputando —además de los altos cargos de la Junta— a empresarios, intermediarios, responsables de las aseguradoras, dirigentes sindicales e incluso abogados.
La novedad más significativa, sin embargo, es la extensión de las responsabilidades a la gestión de Griñán. Según la magistrada, la imputación de los dos sucesores de Guerrero en la Dirección General de Trabajo se debe a que ambos ordenaron los pagos relativos a la póliza para 26 trabajadores de Surcolor pese a que sólo despidieron a 24. «Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento», dice el auto que señala el «dispendio intencionado en que habría incurrido la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos».
En este sentido, la Dirección General de Seguros informó que mientras el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1.537.162 euros, la prima de la póliza fue de 2.674.175 euros. Pero la juez también investiga al director de Trabajo Daniel Rivera por la resolución de 3 de septiembre de 2010, dictada como consecuencia de la solicitud de Encarnación Poto (otra de las imputadas) en nombre de Acyco, para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo por 109.620 euros, cantidad que coincide con la minuta de honorarios del despacho de abogados que gestionó la operación. La ayuda fue otorgada no para los trabajadores, sino para pagar esa minuta.
«Total conocimiento»
En cuanto al antecesor de Rivera, Juan Márquez Contreras, lo imputan por incluir en el grupo de asegurados de extrabajadores de Calderinox a Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón. Márquez escribió una carta a Fernández diciéndole que estaba dispuesto a solucionar el problema. El auto asegura que actuó así «con total conocimiento de la ausencia de procedimiento» para que se produjera el compromiso verbal adquirido por el entonces delegado de Empleo, Antonio Rivas, y luego por Guerrero. «Revistió de apariencia de legalidad» la concesión de la citada ayuda excepcional «a sabiendas» de que desde 2005 la Intervención General estaba indicando que el procedimiento indicado era la subvención excepcional. «Márquez era consciente» de la inclusión de ese trabajador. Márquez también está imputado junto con Guerrero por dar conformidad para suscribir una póliza para 24 trabajadores de Aglomerados Morell. La juez relata que ambos abusando del ejercicio de sus funciones públicas podrán ser responsables de haber defraudado fondos públicos por valor de 1.531.299 euros de la que «injustamente se benefició Río Grande».
Las imputaciones se extienden más. Hay dos sindicalistas, Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca, de CC.OO. De las consultoras resulta imputado José González Mata, representante legal de Uniter, mediadora en la póliza anterior por la que también imputa a Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón (incluidos en esa póliza).
Un fax desde el PSOE
De Vitalia, Antonio Albarracín, director comercial y Jesús Bordallo, responsable regional a quien le enviaron un fax desde la sede del PSOE de Camas con la vida laboral de López Espadas. Según la juez, Vitalia carecía de autorización para actuar como correduría de seguros y los gastos de las comisiones se situaron en un 20,51 por ciento, con un sobrecoste del 14,86, cuando la media era el 5,65. A la juez le «resulta inaudito que la Junta de Andalucía admitiera estos sobrecostes.
Junto al mediador Juan Lanzas, se imputa a directivos de Surcolor y Acyco, asi como el abogado de esta empresa, Gabriel Barrero. No es el único letrado imputado, ya que los abogados José Miguel Caballero Leal y Juan Antonio López de Carvajal, así como Carlos Leal Bonmati y Manuel Gutiérrez Montaña a`parecen también en la relación.
La juez cita a declarar a Francisco Javier Guerrero el 23 de febrero. Y pide a IDEA un resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación de las Consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Turismo y Medio Ambiente desde 2001 a 2010.
