Investiga, que poco queda

¿Para qué sirve una comisión de investigación? Por lo pronto, para dotar de argumentos al debate político municipal desde ahora y hasta las elecciones autonómicas del 25 de marzo, ya que la duración de la comisión está prevista para dos meses. La propuesta que llevará el gobierno municipal al Pleno extraordinario del próximo martes para que el Ayuntamiento haga una investigación interna acerca de la política de personal del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) será el punto de partida de un cruce de reproches entre el PP y el PSOE e Izquierda Unida, que ha sido el grupo que planteó la constitución de una comisión que se desarrollará en paralelo al informe que realiza la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Y todo ello metidos de lleno en el fragor de una precampaña electoral a nivel regional en la que cada cual se juega lo suyo.

Parece claro que la depuración de responsabilidades sobre los sueldos del Imdeec no se dirimirá en la citada comisión, sino en el informe de la asesoría jurídica, y más adelante, cuando concurran la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas nacional, instancias a las que el PP ha anunciado que va a remitir el «caso Imdeec». Porque la única potestad que tiene una comisión municipal es elaborar a su finalización un dictamen en el que se reflejen sus conclusiones y que ha de ser votado por el Pleno. El Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba en vigor deja claro que los cometidos de una comisión de investigación no pasan de ahí.

El citado texto apunta que este tipo de instrumentos «de aclaración de cualquier asunto de interés público que sea de competencia municipal se podrán crear por mayoría absoluta, a propuesta del alcalde, de la junta de gobierno local o de un grupo municipal». Los debates de las sesiones —una por semana, según la intención del equipo de gobierno municipal— «nunca serán públicos y a los mismos sólo podrán asistir los miembros de la corporación que las compongan».

Los precedentes de comisiones de investigación en el Ayuntamiento demuestran que su funcionalidad, más allá del evidente plus de calidad democrática que aportan a la gestión municipal, es más bien escasa. El órgano creado en 2006 a petición del PP para indagar en la política urbanística de IU (con las naves de Arenal 2000 de fondo) se saldó sin pena ni gloria. El promotor que construyó el almacén sin licencia es hoy concejal.

Las ocho comisiones de investigación anteriores, que se han celebrado desde comienzos de los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, tampoco destacaron por ser decisivas para los asuntos que abordaron, ya que fue en los tribunales donde acabaron aclarándose. La compra de unos terrenos en Casillas por parte de Sadeco, el presunto caso de tráfico de influencias en Urbanismo en los tiempos en los que Rosa Aguilar era responsable de este departamento municipal o la permuta de suelos del cine Osio terminaron en el juzgado después de que una comisión del Ayuntamiento tratara de poner luz y taquígrafos sobre ellos. Tal fue también el destino del caso Finacom durante el mandato de Herminio Trigo (1991-1995). Las actas municipales dan cuenta de cuatro comisiones de investigación más: la que abrió Trigo por presuntos tratos vejatorios de la Policía Local a Manuel Benítez «El Cordobés», la que indagó en la condonación de una deuda al Partido Comunista por parte del Banco de Comercio, la que investigó la contratación irregular del director del Gran Teatro y que terminó en los tribunales y con la inhabilitación de Herminio Trigo y, por último, la que durante el mandato de Merino (1995-1999) trató las irregularidades contables en los fastos del L Aniversario de la Muerte de Manolete.