El recinto está ya al 90% de ocupación, «y antes de que concluya el año no habrá ni un módulo disponible», dijo su presidente, Antonio Barbudo
Día 06/02/2012 - 09.55h
La oleada de robos a establecimientos y talleres de joyería que viene sufriendo el sector desde julio ha demostrado la ineficacia, en algunos casos, de los sistemas de vigilancia, y ha llevado a muchos empresarios a buscar protección contra los amigos de lo ajeno tras los muros del recinto más seguro e insondable con que cuenta la ciudad: el Parque Joyero.
Así lo puso ayer de manifiesto a ABC su presidente, Antonio Barbudo, que señaló que «desde el verano hasta ahora, una docena de firmas nos ha mostrado su interés por instalarse aquí. De momento, hemos cerrado un acuerdo de venta», apuntó.
La infraestructura acorazada se encuentra en la actualidad al 90 por ciento de ocupación. «Nos pueden quedar, aproximadamente, unos quince módulos disponibles, pero estoy convencido de que cerraremos el presente ejercicio sin ninguno libre», indicó Barbudo.
Cabe recordar que una de las principales razones que motivaron en su momento la construcción del Parque Joyero fue proporcionar a los profesionales un espacio más seguro. Así, su máximo responsable indicó que «cuenta con las mejores y más modernas medidas de seguridad las 24 horas de los 365 días del año. Todos los que hoy día trabajamos allí también sabemos lo que es estar en otras zonas, y en mi caso particular, y en el resto de mis compañeros, estamos mucho más tranquilos aquí», señaló.
El recinto acorazado cuenta con hasta cinco niveles de protección. Locales y fábricas están protegidos por sistemas electrónicos, incluido un circuito cerrado de televisión con más de 200 cámaras, una central de alarmas con detectores y además cuenta con un moderno mecanismo de identificación de personas mediante lectores y tarjetas de proximidad. Los talleres disponen también de cámaras de seguridad.
En cuanto a los costes, Barbudo señaló que «los precios son bastante asequibles y financiados al cien por ciento», por lo que consideró que «teniendo en cuenta cómo está la situación», pese al esfuerzo policial, «ubicarse en el Parque es lo más seguro, porque dar un golpe aquí es imposible».
A las pequeñas firmas que no puedan permitirse el traslado, tan sólo les queda reforzar sus medidas de seguridad frente a los cacos y cruzar los dedos.
El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad y director de Eber, Esteban Granero, apuntó a ABC que la mayoría de los joyeros está invirtiendo en «sistemas de vídeo vigilancia», ya que «las empresas de la ciudad cuentan, en su mayoría, con una protección que está por encima de lo que exige la normativa».
Opciones
Sin embargo, para Granero la clave no está tanto en aumentar los aparatos que detecten la presencia de intrusos, como en las transmisiones conectadas con las centrales de alarmas.
Básicamente, según el portavoz de la asociación, existen tres mecanismos mediante los cuales se envían las alertas cuando los intrusos acceden a un establecimiento controlado. Por un lado, está la RTC (Red Telefónica Conmutada). La trasmisión utiliza una línea telefónica convencional. Es la más fácil de inutilizar. Con unos simples alicates, los ladrones pueden cortarla físicamente. De este modo, la central de alarmas no tiene conocimiento de ello, y por lo tanto, no avisa a los agentes.
A veces, se suele utilizar una segunda línea de respaldo mediante telefonía móvil GSM. Sin embargo, los cacos ya están duchos en la materia y con utilizar un inhibidor de frecuencia de los que se encuentran no sólo en el mercado libre de la electrónica, sino incluso a través de Internet —por un precio menor de 600 euros—, anulan también esa línea, incomunicando totalmente al establecimiento respecto a la central receptora.
El segundo mecanismo de transmisión más utilizado es el IP. Consiste en comunicar el sistema de alarma hasta la central utilizando el acceso a la red.
También está teniendo cada vez más acogida la comunicación por GPRS, que utiliza el acceso inalámbrico que proveen las empresas de telefónica celular. Su señal también es susceptible de ser anulada.
Por ello, según Granero, «lo más recomendable es utilizar los tres sistemas de transmisión». La colocación de cámaras y los tres mecanismos para enviar las alarmas pueden suponer un coste que oscila entre los 2.000 y los 4.000 euros.
