La construcción y el comercio acaparan la mitad de los procesos registrados desde 2007
Día 08/02/2012 - 09.59h
Un total de 155 empresas cordobesas acudieron desde 2007 hasta 2011, tanto por vía voluntaria como necesaria (obligada por sus acreedores), a la figura del concurso para intentar salvarse de su mala situación económica. Un 52% de las mismas estaba adscrita al sector de la construcción y el comercio (81) y también en esta misma proporción se trató de pymes cuya plantilla oscilaba entre los 5 y los 50 trabajadores que apenas si facturaban más de 5 millones de euros.
Este es el perfil que puede extraerse de los datos difundidos ayer por el INE sobre los concursos de acreedores registrados en cada uno de los juzgados de lo mercantil de España en 2011 y que se suman al agregado ya contabilizado desde 2007, año de inicio en sus postrimerías de la crisis económica. 2011 se cerró con un repunte de deudores en concurso frente a 2010 (38 sobre 31).
El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba cursó en su totalidad a 188 deudores en concurso. Además de las empresas, las personas físicas también pueden acogerse a la Ley Concursal para intentar reorientar sus deudas. Durante este lustro, fueron sólo 33 en toda la provincia de Córdoba. El resto de los casos, como queda dicho, eran sociedades de toda índole, aunque por sus tramos de plantilla, sólo 7 de ellas superó el centenar de empleados (muy recientes están los casos de Noriega o Laboratorios Pérez Giménez, entre otros). Se han computado 75 pymes y 68 micropymes (no más de cinco empleados).
Por sectores, la construcción y el comercio copan la mitad de los concursos vinculados a empresas. En cada caso, 41. Le sigue el sector industrial con 36. A una mayor distancia el segmento de las inmobiliarias y financieras con ocho casos. El volumen de negocio que manejan las empresas concursadas no excedía en el 80% de los casos de los 5 millones (en más del 65%, ni tan siquiera 2 millones). Por otro lado, ayer mismo se conoció que el Ministerio de Empleo dio luz verde al Expediente de Regulación de Empleo de Urende —también concursada— que implica el despido de 592 trabajadores, con una indemnización de 20 días por año trabajado, y el cierre de 18 tiendas, se mantendrán cuatro y 110 puestos.
