El convenio colectivo de los trabajadores del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) le reconoce a la plantilla del organismo autónomo una prerrogativa cuanto menos sorprendente: los empleados tienen derecho a un permiso sin sueldo de hasta seis meses o a una excedencia voluntaria si sufren privación de libertad. La incorporación de este derecho levantó polvareda en el consejo rector de la entidad que aprobó el convenio vigente entre los años 2008 y 2011, y que aún rige pues está prorrogado a falta de uno que lo actualice. Las actas del consejo rector celebrado el 3 de noviembre de 2008, a las que ha tenido acceso este periódico, dan cuenta de los reparos que puso la interventora del instituto, que hizo constar en la memoria de la reunión que no encontraba «fundamento jurídico que avale la asimilación de la privación de libertad a una excedencia voluntaria» ni tampoco a que por este mismo motivo se garanticen las retribuciones a los familiares del encarcelado.
Aún así, el convenio salió adelante y el consejo rector acordó remitirlo a la Junta de Gobierno Local, que es el máximo órgano de gestión municipal entre Plenos, en esa misma sesión. A favor de su aprobación votaron el presidente del Imdeec en ese momento, el socialista Valentín Priego, y los representantes del PSOE, IU y los sindicatos UGT y CC.OO. El PP se abstuvo, como hicieron también los dos representantes de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).
En las actas constan dos apreciaciones acerca de este derecho laboral. La primera es del gerente del instituto hasta hace sólo unos días, Francisco de Paula Oteros, que apunta que en el convenio anterior del Imdeec ya aparecía esta cláusula. La segunda, ya en tono crítico, es de un representante de los empresarios, que advierte que el artículo del convenio en cuestión «podría ser suceptible de recurso ante el Juzgado de lo Social».
Durante la vigencia del convenio aprobado en noviembre de 2008 es cuando se produjeron, supuestamente, gran parte de las deficiencias contables detectadas por la Intervención General en la auditoría del organismo autónomo acerca del periodo 2006-2010, y que ha provocado la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento que mañana por la tarde celebra su tercera sesión. Las principales irregularidades detectadas tienen que ver con el cobro indebido de complementos y con la manipulación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP). El equipo de gobierno municipal ha puesto el caso en manos de la Asesoría Jurídica del Consistorio y ha anunciado que lo remitirá al Tribunal de Cuentas nacional y a la Fiscalía, para que determine si de las actuaciones anómalas se derivan responsabilidades penales.
Las salvedades que puso la Interventora al convenio colectivo tuvieron que ver también con la creación del denominado Fondo Adicional «vinculado a la consecución de objetivos». Para la titular del órgano fiscalizador hay dudas de la legitimidad de este instrumento de retribuciones extraordinarias. Así, en sus apreciaciones reflejadas en las actas del consejo rector de noviembre de 2008 deja patente que «su retribución efectiva, al estar ligada a la consecución de objetivos, deberá efectuarse previo informe de las jefaturas». Para la Intervención, estos informes deberán «determinar cuáles son los objetivos marcados para los periodos establecidos y los resultados obtenidos, por lo que no puede preverse como un incremento retributivo de carácter fijo y periódico» como contempla el convenio. Este fondo adicional es del 1 por ciento de la masa salarial, según estipula el convenio, que añade que «se distribuirá con criterios de equidad entre todo el personal del Imdeec». Las actas del consejo rector dan fe de la posición favorable del presidente del organismo autónomo a la habilitación de este fondo. Valentín Priego alegó que este fondo se insertó en «el proceso de calidad cuya implantación en los próximos años permitirá ajustar las retribuciones a los objetivos marcados».
