Los juicios rápidos provocan «indefensión» para las personas que padecen trastornos mentales. Abogados, fiscales y jueces deberían tener una «supervisión del problema para que no se den estas circunstancias». La denuncia viene por parte del delegado en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), Valentín Aguilar, quien asegura que «los juicios rápidos son para delitos de hasta cinco años, y aunque no están pensados para penas largas, éstos condenados no deberían estar en prisión».
En un juicio rápido, «a una persona que detienen, la llevan al juzgado en un mes, sin periodo de prácticas previas en profundidad, sino que todo se hace sobre la marcha», denuncia Aguilar. Además, «el abogado no tiene información de los problemas psiquiátricos de su cliente si no los detecta, la familia toma contacto una vez que ya está presentado el escrito de defensa y ya no se puede hacer nada. Complica todo mucho el tema de los juicios rápidos», reitera el delegado de APDH. Esta organización aboga por que estos enfermos sean juzgados por el procedimiento ordinario, no rápidos, porque es ahí donde «se les puede aplicar bien una eximente completa, incompleta o atenuante: ésas son las posibilidades que tiene una persona con una patología mental en función de lo que le impida conocer el sentido de la pena». De hecho, Aguilar recuerda que «si son eximentes completas o incompletas estas personas deberían estar en otro tipo de establecimiento diferente a un presidio, como es un centro sanitario». Cuando se habla de este tipo de reclusos, se tiene en cuenta que hay en torno a un 8 por ciento de población interna que padece una enfermedad grave como una esquizofrenia. Pero con patologías mentales los presos llegan al 40 por ciento. Aguilar explica que «son patologías por las que una persona debería ir al psiquiatra aunque no a un psiquiátrico». En estos casos, algunos de los presos están en el módulo de enfermería porque no pueden estar en módulos ordinarios, pero otros muchos están en el módulo sin más». Aguilar denuncia «que estas personas están siempre sancionadas, lo que le provoca que nunca tenga permisos».
Sin embargo, fuentes del centro peniteciario de Alcolea y sindicatos consultados por ABC niegan que se les vulnere ningún derecho a estos presos y que no se les trate de la mejor forma posible con los recursos disponibles. Las mismas fuentes señalan que en ningún caso se encuentran «desatendidos o provocan problemas distintos al resto de la población reclusa».
