TRIBUNA ABIERTA

LA primera afirmación que haría sobre la reforma laboral es que significa un nuevo fraude electoral. Dijeron que no aumentarían los impuestos y lo primero que han hecho es subirlos. Dijeron que no abaratarían el despido y es una de las claves de esta reforma.

Esta reforma laboral rompe con el modelo de relaciones laborales que definió nuestra Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, basado en el acuerdo y en el diálogo social. Anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores, y prácticamente desaparece la intervención de la autoridad laboral.

La reforma laboral aprobada por el Gobierno trata de mejorar la productividad y competitividad de las empresas, vía reducción de los costes laborales, sueldos y despido principalmente. Ello significa una transferencia de rentas de los trabajadores a los empresarios. Al no haber garantías de su reflejo en la caída de precios, también significará una regresión en el esfuerzo redistributivo de las rentas. Esta razón pone en evidencia que la reforma ha sido preparada y definida por los empresarios, sin contar para nada con los representantes de los trabajadores. Hasta el punto, que los dos últimos acuerdos entre patronal y sindicatos, sobre moderación salarial y conflictividad laboral, no se han incluido en la reforma, por lo que no han servido para nada.

La bajada de los sueldos va a ser el efecto más inmediato de esta reforma. El empresario, de forma unilateral, redefinirá los niveles salariales, ofreciendo como única alternativa el despido barato. Se induce al denominado efecto sustitución, ya que las empresas valorarán si les interesa despedir a trabajadores con sueldos más altos por trabajadores más jóvenes y con sueldos bajos. Esta bajada de sueldos también tendrá su repercusión sobre un aumento, aún mayor, de la contracción de la demanda y de la consiguiente reducción de la actividad y el empleo.

El despido se abarata sustancialmente, quedando prácticamente en un despido de 20 días, con un máximo de un año de salario. Todo ello, en caso de despido procedente, que serán casi todos, ya que se podrá despedir por la caída, durante tres trimestres, de las ventas o ingresos.

El nuevo contrato con bonificaciones, mejorará las estadísticas de los contratos indefinidos, pero en verdad lo que va a posibilitar es el despido libre y gratuito durante el primer año, pudiéndose concatenar los períodos de prueba.

Esta reforma la considero el instrumento a utilizar por las Administraciones Públicas gobernadas por el PP, para deteriorar los servicios públicos y el Estado del Bienestar. Se legaliza, por primera vez, los despidos colectivos en el sector público. Los trabajadores laborales del sector público, aunque lo sean por oposición, podrán ser despedidos por causas económicas, organizativas o técnicas. Muchas objetivas razones se pueden aducir para manifestar que esta reforma no creará empleo, sino que destruirá empleo estable y justamente remunerado.

La creación de empleo está condicionada a que se resuelva, de una vez por todas, el problema de financiación, y a que los bancos reanuden su actividad, dando liquidez a familias y empresas. Es la condición necesaria y suficiente para que nuestra economía recupere una nueva fase de crecimiento y de creación de empleo. Eso es lo urgente. Y para que una reforma laboral sea justa y eficaz, siempre habrá de obtenerse mediante el diálogo y el acuerdo social.

ANTONIO HURTADO ZURERA ES PORTAVOZ-ADJUNTO DE ECONOMÍA DEL PSOE