Durán dice ahora que el PSOE no apoyó las protestas radicales de hace una semana
Día 07/03/2012 - 10.17h
Los cuatro grupos municipales acordaron ayer durante la sesión plenaria que agilizarán en la medida de sus posibilidades el pago a los proveedores de la administración local, de manera que se reduzca al máximo la morosidad con los autónomos y las pequeñas y las medianas empresas (pymes). La decisión del pleno, que partió de una moción del grupo de Unión Cordobesa, se apoya en la reciente disposición del consejo de ministros que obliga a las corporaciones locales a presentarle antes del próximo 15 de marzo la cuantificación de la deuda que arrastraban con los proveedores a cierre de 2011, y que comenzará al saldarse a partir del 1 de mayo en virtud en dos posibles medidas que el Ejecutivo central ofrece. La primera consiste en la elaboración de un plan de ajuste, que se resume en que el Ministerio de Hacienda corre con el pago a los proveedores y, con posterioridad, el Gobierno detrae una cantidad equivalente de la aportación que hace cada año al Consistorio de los Presupuestos Generales del Estado. La segunda opción es la suscripción de una operación de crédito a largo plazo.
La decisión de ayer del Pleno suponen en la práctica la asunción de las obligaciones que les impone el Ministerio de Hacienda con los proveedores, a quienes a 31 de diciembre de 2011 les debía al menos 17 millones de euros. El Ayuntamiento, como avanzó ABC, ha creado ya una oficina técnica específica para facilitar los trámites administrativos con los proveedores y con el Gobierno central.
Si en este punto del orden del día hubo unanimidad entre los cuatro grupos municipales, el debate se crispó a cuenta de una propuesta del PSOE para pedirle a Mariano Rajoy que retirase la reforma laboral. «No se puede combatir un cáncer con jarabe para la tos», argumentó la portavoz del PP, Ana Tamayo. «Nosotros no promovemos las manifestaciones en la calle», replicó el portavoz socialista, Juan Pablo Durán, a pesar de que su partido se sumó activamente a las protestas radicales de la pasada semana. El portavoz de IU, Francisco Tejada, lamentó que «la reforma sólo tenga perjuicios para los trabajadores». Además, el Pleno aprobó por unanimidad reclamarle a la Junta los 4 millones que debe para las Políticas Activas de Empleo.
