El decreto antidéficit pone en peligro la continuidad del 9% de los docentes de la UCO

El conocido decreto «antidéficit’ del Gobierno de Rajoy no sólo está generando polémica en el seno de los ayuntamientos, sino que también está provocando una gran incertidumbre en la Universidad de Córdoba (UCO), en la medida en que esta normativa puede afectar, en un primer momento, al colectivo formado por los profesores ayudantes y ayudantes doctores, categorías de personal contratado laboral —no funcionarios— que al terminar sus contratos temporales no podrían continuar en la Universidad «dando el salto» a otras categorías docentes, como viene ocurriendo hasta ahora.

El asunto no es baladí, ya que actualmente la UCO cuenta con 131 profesores en estas dos categorías, que suponen un gasto de personal de 3,25 millones de euros, según los presupuestos de la Universidad de este año. No obstante, lo más importante es que este grupo representa casi el 9% del profesorado total de la Universidad (1.481 docentes entre funcionarios y laborales), con lo que su no continuidad afectaría de lleno a la propia organización de la Universidad, porque el número de profesores para impartir clase se vería reducido, así como el personal que se dedica a labores de investigación, según se manifestó a ABC desde diversas fuentes.

Contratos de ayudante

Al respecto, conviene explicar que bajo sucesivos contratos de ayudante y ayudante doctor los nuevos profesores sólo pueden estar un tope de 8 años, tras los cuales la práctica habitual es que muchos continúen en la Universidad a través de un nuevo contrato laboral de profesor colaborador (modalidad contractual a extinguir) o contratado doctor, ya de carácter indefinido. Desde ahí, y con la necesaria acreditación para formar parte del cuerpo docente universitario —que se consigue acumulando experiencia docente e investigadora— es cuando ya se puede optar a las dos categorías de funcionario, profesor titular y posteriormente catedrático.

Además, y como explica el presidente del comité de empresa del personal docente e investigador (PDI) laboral de la UCO, José Manuel Palomares, hasta la fecha los ayudantes —si alcanzaban el grado de doctor y conseguían la acreditación— promocionan automáticamente a ayudantes doctores, según el convenio colectivo de la Universidad. Luego, los ayudantes doctores también tienen el compromiso de que, pasado su contrato temporal, su plaza se saca a concurso para cubrirse mediante la categoría de contratado doctor o profesor titular, a la que pueden optar. Posible promoción que el «techo» de empleo público que establece el nuevo decreto pone ahora en entredicho.

Asimismo, la nueva normativa también limita las perspectivas de los contratados doctores, en cuanto a que la convocatoria de plazas para profesores funcionarios también se recortarán.

«Es decir, que no hay seguridad para todo el colectivo del PDI laboral, ya que no se sabe si continuará la promoción automática y si se convocarán menos plazas para el resto de categorías», resalta Manuel Palomares.

Con todo, los ayudantes y ayudantes doctores serían tan solo los perjudicados a más corto plazo, pues la aplicación del decreto también lleva emparejada la congelación de nuevas convocatorias de empleo «salvo en casos excepcionales» y una tasa de reposición de plazas de tan sólo el 10%. Un límite al empleo público que afecta, lógicamente, al número de profesores con los que la UCO puede contar en un futuro.

Esta preocupación que reina en el seno de la Universidad ha quedado patente en los dos consejos de gobierno de la UCO que se han celebrado este año, el último el pasado 2 de marzo, donde se ha abordado esta problemática.

En estas dos primeras sesiones se aprobó la dotación de 6 nuevas plazas de catedrático y 6 de profesor titular, aunque el vicerrector de Profesorado y Organización Académica, José Naranjo, señaló que estas plazas «están condicionadas en su aplicación a que no resulten contradictorias con el Real Decreto Ley 20/2011», según reza el acta de sesiones del Consejo de Gobierno.