Durante el caótico pleno del pasado viernes, en el que se aprobó el plan de ajuste municipal para acceder al crédito estatal de 25 millones de euros para el pago de facturas a proveedores, los gritos de los manifestantes y las intervenciones de la oposición aludieron de forma directa al PP con «el desmantelamiento de los servicios públicos». Sin embargo, ayuntamientos gobernados por el PSOE también han aprobado estos días medidas muy similares a las que adoptará el Consistorio cordobés y con tranquilidad en sus plenos.Una de las mayores polémicas en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba fue la propuesta de un cambio en la gestión de la Escuela Infantil por su elevado coste mensual—alrededor de 1.000 euros por niño, según el equipo de gobierno—. Lo mismo deben pensar en el Consistorio de Soria, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, ya que su plan de ajuste privatizará el centro de educación infantil de la localidad porque supone un coste de 150.000 euros anuales.
Junto a esto, el Ayuntamiento de Soria, cuyo concejal de Hacienda Luis Rey calificó el plan de «realista y prudente» también mete la tijera, aunque no estén gobernados por el PP, en materia deportiva con el cierre del polideportivo de la Juventud—en Córdoba se ha previsto una revisión de la gestión y los costes de personal del IMD— para el mes de septiembre.
Soria va más allá y también prevé medidas «impopulares» como la no contratación de personal eventual, no cubrir las plazas de funcionarios que se den de baja o incluso la eliminación del alumbrado público durante las fiestas patronales.
Competencias «impropias»
El Consistorio soriano no es el único ejemplo de ayuntamientos socialistas que se acogen al plan de ajuste para salvar sus deudas a proveedores y renuncian a asumir y seguir financiando competencias que les son «impropias».
En Toledo, a diferencia de Córdoba, los 12 concejales del PSOE no contaron con el voto en contra de IU (2 concejales que se abstuvieron) para sacar adelante un aumento de tasas como en la recogida de basuras—que prevé recaudar 3,5 millones al año—o en el transporte público, donde se producirá un sensible recorte de más de medio millón de euros al año con una revisión de tarifas y un nuevo concurso de adjudicación.
En cuanto a competencias impropias, se prevé «revertir» a la Junta de Comunidades la gestión de la estación de autobuses e incluso retirar las papeleras del parque Fuente del Moro porque «no es un parque urbano, sino forestal y no tenemos dinero para su mantenimiento», explicó el concejal de Gestión, Gabriel González, que justificó la medida porque «lo que no pueden pensar los ciudadanos es que se puede ir al campo y tener los servicios de la ciudad».
Las medidas estructurales en el Consistorio manchego se centran en cuestiones que ya se han puesto en marcha en Córdoba como la reducción de horas extraordinarias—en Córdoba están suprimidas —la reducción del 5% en la asignación de grupos municipales y la reducción de las partidas para varios patronatos.
Organismos autónomos
Tampoco hubo broncas en el Ayuntamiento socialista de Lérida que, al igual que el de Córdoba, prevé una importante reestructuración del Consistorio en la que habrá medidas muy similares a las previstas por el PP en la Gerencia de Urbanismo o el Imdeec.
En la localidad catalana se suprimirán varios de estos organismos, mientras que otros se fusionarán en una nueva fórmula de gestión, denominada «GlobaLleida», parecido a lo que se plantea en Córdoba con Sadeco, Emacsa y Aucorsa.
La filosofía expresada por el teniente de alcalde de Hacienda de Córdoba, José María Bellido, sobre «no gastar más de lo que se ingrese para poder invertir» se traslada de forma exacta a Lérida, en donde también se cuenta con seguir disfrutando del efecto, vía ingresos, de su revisión catastral—en Córdoba será en 2015— para comenzar a bajar el IBI de forma progresiva.
Lo mismo ocurre en Tarragona, en donde el recorte a las empresas municipales es drástico. Un 22% menos al que se une un «tijeretazo» de nada menos que el 50% en las aportaciones a las asociaciones vecinales.
Junto a esto, la necesidad de reinvertir los superávit presupuestarios en el pago de la deuda, al igual que Córdoba y un sensible recorte en gasto corriente y personal— cuatro millones de los que más de la mitad serán en sueldos—. Un plan «que no nos gusta, pero no tenemos más remedio», señaló el alcalde José Félix Ballesteros, que sí pudo explicarse en el pleno que aprobó las medidas.
