El gobierno local excusó a los infractores, investigó a remolque y criticó a ABC
Día 26/04/2012 - 08.20h
Ante la juez se sentarán cuatro agentes acusados de un supuesto delito de falsedad al manipular un expediente urbanístico en 2008. Pero la duda que se empieza a plantear ahora es si por el juzgado no tendrán que desfilar también los protagonistas políticos que tuvo el «caso Torreblanca».
Una vez que ABC publicó en enero de 2008 las informaciones de la construcción de viviendas ilegales por parte de policías locales y de un escolta de la entonces alcaldesa, Rosa Aguilar, en el Ayuntamiento se desató un terremoto político, plagado de contradicciones y agujeros negros, que acabó abrasando las manos a la que hoy es congresista y fuera regidora de la ciudad, así como al que por aquellas fechas era edil de Seguridad, José Joaquín Cuadra—un fichaje personal de Aguilar—.
El escándalo le costó el puesto a quien era jefe de la Policía, Antonio Serrano, convertido en la cabeza de turco de un gobierno municipal que se atrincheró para no dar explicaciones a la oposición y cuyos movimientos se centraron en atacar a ABC por desvelar lo sucedido.
La primera reacción del gobierno local fue quitarle hierro a los hechos obviando que afectaba a agentes de la autoridad, que conocían, por tanto, la norma urbanística. Imborrable fue una de las frases de Aguilar a la contra: «Me parece igual de grave que cuando lo hace cualquier ciudadano, cualquier periodista o una persona de profesión distinta».
La poca importancia que se dio a los hechos, pese a que éstos terminaron luego en la Fiscalía y ahora en juicio, la falta de estrategia común y la confusión creada en torno al baile de fechas de los expedientes facilitadas y luego desmentidas, sólo aumentaron el caos.
A remolque de la dimensión del escándalo, el gobierno municipal tuvo que actuar e iniciar una investigación. La gravedad de los hechos detectados obligó a remitirlos a la Fiscalía. No fue una decisión discrecional del gobierno local de IU y PSOE, como quisieron vender. Estaban obligados a hacerlo al encontrar indicios delictivos en la actuación de los agentes.
A nivel político, todo se saldó con una comparecencia en el Pleno de Cuadra, leída, y con un discretísimo papel del entonces edil de Urbanismo y, luego, alcalde, Andrés Ocaña. Quiso estar en un segundo plano, pese a que la Gerencia no abrió sanciones a los policías por los chalés hasta que ABC destapó el escándalo. Habrá que ver si Aguilar, Ocaña o Cuadra vuelven ahora a primerísimo, primer, plano.
