Piden 4 años de cárcel a un exalcalde del PSOE por presunta prevaricación

La Fiscalía de Córdoba solicita penas de cuatro años y seis meses de prisión, un total de cinco años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y más de 31.000 euros de multa para el exalcalde de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, el socialista Antonio Guisado, al que acusa de un delito de falsedad en documento oficial y nombramiento ilegal para cargo público, en este caso, como recaudador municipal.

Además, este último, C.T.A. y que ha ejercido el puesto de secretario de la corporación desde 1985 hasta 2003, se enfrenta a otros cuatro años y seis meses de cárcel, inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años y suspensión por dos años y unos 44.000 euros de multa, por la presunta comisión de los delitos de aceptación de nombramiento ilegal para cargo público y actividades prohibidas a funcionario, así como falsedad en documento oficial.

Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en 1991 el exalcalde, supuestamente abusando de su posición de poder y «sin atenerse a procedimiento legal alguno», determinó «en connivencia» con C.T.A., atribuir a éste con carácter indefinido el cargo de recaudador municipal, y ello pese a constar la incompatibilidad legal para ejercer el puesto de secretario simultáneamente con cualquier otro cargo en el sector público, según la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El 27 de marzo de 1991, el Pleno abordó la cuestión pendiente de la recaudación municipal, decidiéndose por mayoría absoluta que la plaza de recaudador se habría de proveer mediante un concurso restringido, reservado solo para el personal funcionario; fijándose también el cobro con el que se retribuirían los servicios prestados. No obstante, según el fiscal, Guisado «jamás llegó a convocar el anunciado concurso».

Contrato inexistente

C.T.A., en vista del volumen de trabajo que tenía, supuestamente contrató a dos auxiliares administrativos, una de las cuales era su propia hija. Ante el cambio de situación que se avecinaba con la llegada de un nuevo equipo de gobierno y «con la finalidad de procurarse un cierto apoyo documental que de algún modo les permitiera justificarse frente a cualquier responsabilidad que se les pudiere exigir en el futuro», además de «garantizar la continuidad de las dos administrativas», ambos acusados «de común acuerdo» confeccionaron un documento que «simulaba a la perfección un inexistente contrato», supuestamente celebrado el 2 de enero de 2002, y en el que ambos acusados aparecían como partes contratantes.

Así, desde enero de 1992 hasta junio de 2003, C.T.A. percibió del Ayuntamiento, además de los emolumentos correspondientes al cargo de secretario, una cuantía por importe de 591.891 euros en concepto de premios de cobranza correspondiente a los tributos por él gestionados.