Detea, con una deuda de 30 millones, tenía que ampliar sus líneas de crédito en 5 más
Día 25/05/2012
Detea, una de las tres firmas que conforman la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, se ha sumado a la larga lista de compañías que ha solicitado su entrada en concurso en 2012. El pasado mes de abril, la constructora puso en marcha un riguroso plan de ajuste para intentar superar la crisis —anunció que reduciría al 50% su plantilla de 200 empleados— y solicitó el preconcurso de sus sociedades vinculadas a la construcción y promoción.
Tras esto, intensificó las negociaciones con un «pool» de entidades financieras para ampliar, en cinco millones de euros, las líneas de crédito de sus filiales aquejadas por tensiones de tesorería. La deuda total del hólding asciende a unos 30 millones.
Finalmente, no ha sido posible. Las sociedades Detea Corporación SL, Detea SA y Emantia SL se han visto obligadas a presentar la solicitud de declaración de concurso voluntario ante los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla. La constructora señaló ayer que la deuda acumulada por impago de clientes de la constructora se sitúa «en 40 millones de euros», y precisó que esta situación «ha supuesto una necesidad de financiación adicional sobrevenida que finalmente no ha podido ser refinanciada».
A cierre de 2011, la cartera de contratación ascendía 242,9 millones. Sin embargo, su facturación ha caído de 76 millones en 2010 a 57 millones el pasado año. Esto se une a la ralentización de la ejecución de proyectos y al retraso en los pagos.
El objetivo de la dirección de Detea es que el proceso «sea lo más rápido posible a fin de recuperar el normal funcionamiento de las empresas afectadas a la mayor brevedad y mantener el máximo ritmo de producción posible, minimizando los efectos sobre los clientes y cumpliendo con los compromisos adquiridos con proveedores y trabajadores».
La situación de esta empresa compromete el futuro del proyecto de la Ciudad de la Justicia, pese a que la Junta de Andalucía asegura que «los plazos y trámites a seguir para la ejecución de este equipamiento no se verán afectados».
