El vicepresidente primero y delegado de Hacienda de la Diputación, Salvador Fuentes, y la delegada de Bienestar Social, Dolores Sánchez, anunciaron ayer a los medios de comunicación que la Junta de Andalucía tiene contraída una deuda de 2.813.464 euros con diversos programas de servicios sociales de la Diputación cordobesa. A día de hoy, la institución provincial está haciendo frente con sus propios recursos a esta deuda, que asciende a 1.283.122 euros en el programa de Drogas; 1.134.066 euros en el caso de los Servicios Sociales Comunitarios; 386.784 euros para el de Tratamiento Familiar; y 9.492 euros, en el de Inmigración.
Fuentes señaló que la Diputación pondrá en conocimiento de la Junta esta situación «preocupante, que afecta a colectivos sociales especialmente débiles, a través de una carta dirigida a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, para que cuanto antes se abone dicha cantidad y podamos normalizar de inmediato la situación contable de la Diputación y tranquilizar a los profesionales y usuarios afectados».
Prueba de este compromiso institucional es el próximo Plan General de Servicios Sociales del Instituto Provincial de Bienestar Social (predidido también por Dolores Sánchez) que la corporación provincial presentará próximamente «con el objeto de evidenciar una gestión acorde con la realidad social de la provincia, teniendo en cuenta la situación dramática por la que están pasando muchas familias con menores a su cargo y vecinos que acuden diariamente a los servicios sociales de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes», destacó Sánchez.
Asimismo, la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, insistió en que el IPBS está pagando con cargo a su presupuesto los programas que se están desarrollando en estos municipios, incluidos los profesionales que están al frente cada día de su gestión; y se está haciendo cargo también de los programas de drogas que se desarrollan en toda la provincia, incluida la capital cordobesa.
A comienzos de año
Sánchez subrayó la importancia de los Equipos de Tratamiento Familiar, que trabajan con menores en riesgo, cuyo programa «de probada eficacia se está desarrollando en estos municipios con la finalidad de mantener a los menores en su hogar». El convenio referente a este programa se firmó en agosto, y recogía dos plazos de pago —finales de 2011 y comienzos de 2012—, y a día de hoy «la Junta de Andalucía todavía no ha transferido nada», recalcó la diputada.
En similares circunstancias está el servicio de Ayuda a Domicilio, cuyas cantidades están siendo abonadas por la Diputación de Córdoba, puesto que en los dos últimos meses la Administración regional no ha abonado su parte correspondiente, «para que los ayuntamientos puedan pagar a su vez a las empresas intermediarias», destacó Dolores Sánchez.
