LA famosa cólera del español sentado, que tanto inquietó a nuestros abuelos, vuelve a estar ahí y se manifiesta de mil maneras diferentes. España no nos gusta y, sobre todo, nos sale demasiado cara. No nos la podemos permitir tal y como, llenos de buena voluntad, la diseñaron los padres de la Constitución y la han ido conformando, más atentos al clientelismo electoral que al bien de la Nación, los partidos políticos al uso. Dentro de la reinante confusión de ideas y criterios empieza a tomar cuerpo protagónico, ladrillos aparte, la atribución de responsabilidad a la estructura y funcionamiento de nuestro sistema financiero. De los siete grandes bancos de hace tres décadas hemos pasado a dos y de las ochenta Cajas entonces existentes estamos en una docena y media.
Entre las muchas obsesiones que han nutrido mi trabajo periodístico en el último medio siglo destacan las Cámaras de Comercio, el último sindicato de afiliación obligatoria que hemos padecido, y las Cajas de Ahorro, entidades que por no ser ni públicas ni privadas siempre me crearon desasosiego y que, después de su politización y colonizaje autonómico, han pasado a ser una parte importante de la catástrofe económica que padecemos. Las cámaras ya no son obligatorias y las Cajas continúan conformando una maraña en la que, ellos sabrán por qué, no quieren meter mano correctora los líderes políticos que, sin grandes diferencias entre militancias, las tienen bajo su poder y a disposición de sus caprichos.
Ahora se anuncia que Bankia, un nombre nuevo para un viejo monstruo financiero, ha perdido durante los primeros nueve meses de este año más de 7.000 millones de euros. En sus tiempos de esplendor, antes de que el dedazo de José María Aznar colocara a su amigo Miguel Blesa, uno de los pilotos del naufragio, el entonces presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, ya predicaba la necesidad «urgente» de una gran transformación de las Cajas. Ni el Gobierno ni el BdeE escucharon entonces sus sabias advertencias sobre los problemas que, en función de su naturaleza jurídica, más cercana al espiritismo que al derecho, amenazaban a esa mitad del sistema financiero nacional. Se optó por politizarlas y, en claro pasteleo concupiscente entre partidos, sindicatos y todo tipo de agentes sociales, rellenar de paniaguados inexpertos sus Consejos de Administración y, salvo alguna excepción, dos o tres, proceder a la demolición fáctica que hoy engorda nuestro déficit e hincha nuestra deuda. Mientras seguimos esperando el advenimiento de una inyección dineraria europea que mejore la salud de las Cajas, especialmente la de Bankia, seguiremos tapando sus agujeros. ¿No sería más fácil y barato proceder a su cierre y liquidación respetando todo lo respetable? ¿Son cajas o ataúdes?
