La Junta de Andalucía ha emprendido una campaña «informativa» advirtiendo a los médicos de atención primaria que no podrán ejercer su derecho a la objeción con la entrada en vigor de la nueva ley del aborto. Durante este verano, la Consejería de Salud ha mantenido reuniones en los distintos centros de salud de la capital y de la provincia haciendo hincapié en que sólo podrán objetar, a tenor de una interpretación estricta de la ley, «aquellos implicados directamente en la interrupción del embarazo», esto es, ginecólogos y anestesistas, «que actúan en el acto quirúrgico».
Este extremo fue corroborado ayer por fuentes de la Delegación provincial de Salud consultadas por este periódico.En definitiva, el Gobierno socialista andaluz se niega a reconocer el derecho a la objeción de conciencia a los médicos de atención primaria que forman parte del «proceso terapéutico», informando en la primera consulta a la mujer que desea abortar pese a que hayan manifestado su voluntad de no participar a la hora de iniciarse un proceso de interrupción voluntaria del embarazo.
Es más, desde Salud zanjaban la ayer la cuestión asegurando que «no cabe lugar a la objeción en los médicos que trabajan para el SAS porque las IVE (Interrupciónes Voluntarias del Embarazo) se practican en clínicas concertadas».
Ante este panorama planteado a raíz de la entrada en vigor de la polémica ley del Ejecutivo de Zapatero, los médicos de atención primaria que hasta ahora habían podido ejercer su derecho a objetar y derivar a la paciente que quería abortar a otra consulta ya no lo podrían hacerlo.
Sin embargo, a esto se oponen tanto los médicos de atención primaria objetores como el Sindicato Médico y el propio Colegio de Médicos de Córdoba, que aseguran que el derecho a la objeción está «garantizado».
De hecho, el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Cesáreo García Poyatos, explicó ayer que «la interpretación de la ley que hace la Junta de Andalucía está posiblemente incluso en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional». Y añadió que «el derecho a la objeción de conciencia lo puede ejercer cualquier médico. Esto es una condición propia en la que pesan principios religiosos, ideológicos, morales de la persona y ahí no puede intervenir nadie diciendo quien puede objetar y quien no puede objetar».
A juicio del ente colegial, «la Junta lo que hace al informar es interpretar la ley y piensa que el médico de familia no forma parte del proceso, sino que su misión es informar a la persona que va a abortar dándole toda la información, aunque él no la derive a ningún lado para que aborte». García Poyatos cree que lo que Salud hace en base a que el médico de familia «entrega la documentación informativa para que esta persona tome la decisión» es «entender así que el médico de Atención Primaria no tiene por qué objetar, y lo consideran un mero tramitador de documentación».
Sin embargo, García Poyatos considera que el médico puede objetar perfectamente y asegura que «yo no tengo por qué participar en ningún eslabón del proceso si mis principios religiosos, ideológicos o morales me lo impiden; eso está por encima de la ley». En estos casos, a juicio del presidente del órgano colegiado, «lo que tengo que hacer es facilitarle a esta persona que ejerza su derecho a abortar con otro compañero».
Este nuevo escenario podría traer como consecuencia de que un médico objetor derive a otro compañero del centro de salud a una paciente que quiera abortar que éste fuera sancionado o expedientado por la Junta de Andalucía. Sin embargo, según el presidente del Colegio de Médicos, «no creo que se le pueda exigir a nadie que actúe en contra de su voluntad. La OMS insiste en que esa objeción debería regularse».
Asistencia garantizada
En lo que García Poyatos sí está de acuerdo es que para que la persona que decida abortar no quede desasistida, ya que tiene derecho, «los responsables públicos deberían conocer quiénes son estos objetores y darle una alternativa a quien solicite esta serie de prácticas».
El Colegio de Médicos de Córdoba, hasta el momento, no ha recibido quejas de facultativos de atención primaria desde la entrada en vigor el pasado 5 de julio de la Ley del Aborto al respecto de esta nueva variante, pero sí ha constatado un aumento en el registro de médicos objetores en los últimos tiempos. En Córdoba hay ya alrededor de un centenar de médicos objetores. Entre ellos, un número significativo de médicos de familia, que han entrado desde que se aprobó la ley, aunque abundan ginecólogos y anestesistas. De hecho, desde el órgano colegial aseguran que «la base de datos de médicos objetores se ha duplicado con la entrada en vigor de la nueva ley del aborto».
«El Colegio de Médicos está ahí para defender ese derecho individual que de alguna manera es inalienable y no se puede tocar, reconocido por el Constitucional», reitera García.
La Junta no se ha dirigido al Colegio de Médicos ni le ha pedido opinión a la hora de abordar estos avisos informativos a los médicos de atención primaria. Según el código deontológico de Medicina, si el paciente exigiera al médico un procedimiento de este tipo, por razones científicas y éticas el médico «si lo juzga adecuado, no tiene por qué actuar si su conciencia se lo impide».
Por su parte, el Sindicato Médico de Córdoba aseguró ayer que «luchará para preservar el derecho de objeción de aquellos profesionales que quieran ejercerlo, y no sólo de los que intervienen directamente en él, sino de los médicos de atención primaria que hasta ahora lo han tenido».
En este sentido, el secretario del sindicato, José Luis Navas advirtió que «es una batalla que le corresponde lidiar al Colegio de Médicos, al tratarse de un asunto más colegial que sindical». No obstante, Navas quiso dejar claro que el derecho a objetar es un «derecho garantizado». Como ejemplo el secretario del sindicato
médico puso la eliminación del servicio militar obligatorio y la labor que cumplieron en ese caso los objetores de conciencia. «A ellos sí se les tuvo en cuenta y mucho, los médicos no van a ser los que no puedan ejercer su derecho a objetar», precisó.
Por su parte, la Asociación Nacional en Defensa de la Objeción de Conciencia ha corroborado y denunciado que la Junta de Andalucía ya ha comunicado a los médicos de atención primaria este extremo, «desestimando» la objeción como si no fuera un derecho constitucional y sí una «gracia» administrativa.
